Los hechos de violencia ocurridos en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Cadereyta, Nuevo León, del 9 y 10 de octubre de 2017, que tuvieron como resultado la muerte de 18 personas internas y 93 más lesionadas, originaron la Recomendación 20/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida al gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y al Fiscal General regiomontano, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
La CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la integridad personal, a la reinserción social y al trato digno, atribuibles a servidores públicos del estado de Nuevo León.
De igual forma, al revisar las carpetas de investigación, se comprobó que la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín, así como practicado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas perdieron la vida 11 de ellas por disparos de arma de fuego ni se han recabado los testimonios de quienes presenciaron los hechos.
La CNDH concluyó que las condiciones del CERESO Cadereyta, en particular el autogobierno propiciaron el motín de los internos, destacando que el operativo llevado a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza Civil del Estado no fue planeado adecuadamente, pues aun cuando llevaron a cabo acciones como el diálogo y la persuasión, seguido del uso de la fuerza no letal y no les fue posible recuperar el control del centro debido a la falta de equipo de protección y de armamento no letal, por lo que hicieron uso de la fuerza letal.
En virtud de que la Fiscalía General no ha llevado a cabo las diligencias tendentes a la investigación de los hechos, esta Comisión Nacional no contó con elementos suficientes para determinar si en la utilización de la fuerza letal concurrieron todos los elementos justificados de la legítima defensa propia o de terceros, ni si en el caso pudo haber ocurrido un exceso de la misma, aunque se reconoce que tanto los custodios retenidos como los propios internos eran víctimas de una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resultaba un peligro inminente. En razón de ello y de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales del debido acceso a la justicia, será la autoridad ministerial quien, sin dilaciones indebidas, como ha ocurrido en el presente caso.
La CNDH acreditó que existió un exceso del uso de la fuerza por parte del personal de Fuerza Civil del Estado posterior a la recuperación del control del Cereso, ya que golpearon a los internos de manera innecesaria.
Además, se observó que por falta de un protocolo para informar veraz y oportunamente sobre la situación al interior del centro a los familiares, sin justificación, éstos reaccionaran en forma violenta e impidieran la salida de vehículos que transportaban a los lesionados a los servicios de salud, habiéndose realizado por ello, maniobras de disuasión con equipo no letal.
Por lo anterior, la CNDH demanda reparación del daño ocasionado a los familiares de los internos fallecidos, otorgarles atención psicológica y médica; asignar recursos presupuestales y materiales para garantizar condiciones de estancia digna y segura a los internos del CERESO de Cadereyta, dotándolo de personal suficiente y capacitado, e instalando equipo tecnológico para la detección de sustancias y objetos prohibidos.
También se recomendó implementar un Protocolo de Manejo de Motines, que privilegie el diálogo y el respeto de los derechos humanos de los internos y sus familiares y que posibilite brindar a éstos información oportuna y certera; reforzar la capacitación en materia de derechos humanos a los elementos de la Policía Estatal Fuerza Civil, y colaborar con las quejas y denuncias que se presenten con motivo de esos hechos.
Se pide, asimismo, atender las observaciones de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y de la Recomendación M-01/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre las condiciones que privan en los penales de la entidad, e implementar un programa para eliminar sobrepoblación, hacinamiento, clasificación inadecuada de internos y autogobierno, irregularidades que dificultaron preservar la seguridad, orden y tranquilidad, así como garantizar el respeto a los derechos básicos de la población penitenciaria.
Al Fiscal General del Estado se le recomendó efectuar las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades; capacitar al personal de esa instancia sobre justicia oral, integración de carpetas de investigación y derechos humanos; aportar los elementos necesarios en el procedimiento administrativo que se inicie ante la Visitaduría General e incorporar copia de la Recomendación al expediente personal de las autoridades involucradas en las violaciones a los derechos humanos.
Por: MVS
