Gobernadores imputados

Los buenos resultados del Gobierno de la República, sobre todo en materia económica, creación de empleos, fortalecimiento del peso frente al dólar y otras divisas extranjeras, y el crecimiento económico más positivo de lo que se esperaba son resultados que se han visto opacados por la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. Las acciones resultado de investigaciones contra ex gobernadores son en buena medida un boomerang que actúa en contra del propio Presidente.
¿Cuáles son las razones y causas por las que los ex gobernadores se han visto sujetos a investigaciones? Existe una constante entre todos ellos, las gestiones de todos han sido desastrosas; la violencia, la corrupción y el narcotráfico contagia, contamina, vicia y los hace partícipes a todos.
Desde luego, las dos constantes son corrupción y violencia; los casos de Yarrington en Tamaulipas, Mario Villanueva en Quintana Roo y Roberto Sandoval en Nayarit aún no han sido investigados, sin embargo el fiscal de Nayarit ha sido detenido por el gobierno de EU, evidenciando que la República corre peligro, ya que además de la corrupción, los gobiernos locales han sido penetrados, controlados y dominados por distintos cárteles del narcotráfico.
El fenómeno de penetración es, a estas alturas, más grave que el colombiano, ya que los gobiernos locales son en quienes reside en más de 70% la gobernabilidad de este país.
Desgraciadamente en los municipios de estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua, Nayarit, Baja California Sur, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Jalisco, por nombrar algunos, son dominados y gobernados por el narcotráfico; lo peor es que el Estado mexicano parece indefenso a la embestida del narcotráfico internacional y local.
Pareciera ser que no hay una señal de alarma que refuerce la seguridad y las investigaciones en toda la República, por lo mismo la población se encuentra indefensa frente a secuestros y asaltos, lo menos que se puede exigir a los gobiernos federal y locales es una intervención enérgica y decidida para detener la impunidad con la que actúan órganos criminales.
¿Qué espera el Estado mexicano para actuar con la fuerza del Estado de Derecho en la contención y represión de la delincuencia organizada? ¿Acaso piensan que la economía seguirá creciendo y el turismo seguirá fluyendo a pesar de los hechos cada día más frecuentes de ataques en contra de turistas? Lo único realmente claro es el crecimiento de los grupos de la delincuencia.
El Estado mexicano no solo debe ser fuerza y coacción, es en esencia un Estado de Derecho con principios y valores que tiene el propósito de integración federalista y solidaria que, para funcionar con el sistema libre y democrático, tiene como pre requisito brindar a la población seguridad y justicia, pues cualquier intento de crecimiento económico que derrame sus beneficios a la población, sería insuficiente si no existe un clima de confianza institucional que permee en la misma.
Pareciera que andamos escasos de ideas, de políticos y estadistas que piensen más allá de la corrupción que los invade y les impide ver con ambición social y política el futuro.

Ignacio Morales Lechuga
(Notario público y ex procurador general de la República )
EL UNIVERSAL

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