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Juez criticado por Trump atenderá caso de mexicano deportado

San Diego. El juez federal a quien el presidente estadunidense Donald Trump menosprecio el año pasado será el que atienda la demanda de un dreamer mexicano, quien acusa que fue deportado de forma injusta por autoridades migratorias, informaron autoridades judiciales.

El inmigrante mexicano Juan Manuel Montesa Bojorquez, de 23 años, presentó una demanda en una corte federal de San Diego después de ser deportado a pesar de tener protección por el programa DACA sobre inmigrantes traídos por sus padres siendo menores a este país.

El caso fue asignado al juez federal Gonzalo Curiel, quien nació en Indiana, Estados Unidos pero de raíces mexicanas y fue denigrado por el entonces candidato Donald Trump cuando dijo que no podía ser imparcial como juez por sus raíces mexicanas.

El año pasado Donald Trump enfrentó una demanda de cientos de estudiantes de la Universidad Trump que lo acusaron de engaño y fraude por cursos que no se cumplieron en esa universidad.

El caso hace unas semanas fue resuelto cuando Trump acordó indemnizar con 25 millones de dólares a estudiantes afectados por la fallida universidad en San Diego.

La deportación de Montes, es considerada el primer caso de deportación de un dreamer en la administración Trump quien cuenta con la protección del programa DACA (Acción Diferida para Llegadas en la Infancia).

Voceros del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) reconocieron el miércoles que el estatuto de inmigrante protegido de Juan Manuel Montes no debía expirar hasta 2018.

Con eso corrigen este caso que colocó al mexicano de 23 años en el centro de un acalorado debate sobre la inmigración ilegal y luego de que las mismas autoridades habían dicho el Martes que el estatus DACA para Montes había terminado hace dos años.

La situación de Montes salió a la luz el martes cuando demandó al gobierno de Trump en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en San Diego.

La demanda civil alega que fue deportado a México por funcionarios que se negaron a explicarle sus derechos legales.

La querella afirma que el gobierno está en violación de la Ley de Libertad de Información porque no se han publicado registros sobre el caso de Montes, a pesar de numerosas solicitudes, lo que es una violación del estatuto y se pide al tribunal que ordene al gobierno que libere esos registros.

Sus abogados dicen que Montes fue detenido por funcionarios de la Patrulla Fronteriza el 17 de febrero en Calexico y deportado a Mexicali.

Después de que el Departamento de Seguridad Nacional emitiera su declaración corrigiendo el estatus de DACA de Montes y negando que había sido deportado, sus abogados reiteraron su afirmación de que había sido removido por la fuerza.

“Juan Manuel ha sido inequívoco en su afirmación de que nunca abandonó voluntariamente el país mientras tenía DACA”, declaro Nora A. Preciado, abogada del Centro Nacional de Derecho de Inmigración y co-consejera del caso.

El incidente ha desatado una cadena de protestas entre la comunidad defensora de derechos de inmigrantes y entre los dreamer (Soñadores). Un estimado de 750 mil Dreamers viven en Estados Unidos, un tercio de ellos en California.

Un punto que explican funcionarios de inmigración y los abogados de Montes es que los oficiales de la Patrulla Fronteriza detuvieron a Montes el 19 de febrero cuando intentó escalar una valla de vuelta a Estados Unidos pero fue devuelto a México.

Montes, quien dijo que ha vivido en Estados Unidos desde que tenía nueve años, tiene problemas de aprendizaje después de sufrir una lesión cerebral traumática cuando era joven. Trabajó en la agricultura y estudió la soldadura en un colegio comunitario antes de ser deportado.

Funcionarios dijeron el miércoles que Montes tenía cuatro condenas penales, una por hurto y tres por conducir sin licencia. Pero esos delitos no son lo suficientemente graves como para descalificar a alguien de DACA.

Montes fue aprobado para el programa en 2014 y recibió una renovación en 2016.

Vía La Jornada

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