Sr. López
La lucha contra el crimen organizado no puede ganarse. Mientras el delito sea un negocio tan productivo; mientras la impunidad sea la regla y no la excepción, el tráfico de personas, drogas y armas, la extorsión, el cobro de piso, secuestro, y todo su largo etcétera, seguirán, así crezcan decomisos y detenciones.
La violencia azota regiones enteras del país, pero no es causa es efecto. No es la enfermedad, es el síntoma.
Los homicidios, en general la violencia, por supuesto son graves pero no cambiaron el crimen por extendido y brutal que sea, de un asunto de seguridad pública a un asunto de seguridad nacional. La diferencia importa:
La seguridad pública es materia policial. El objetivo del trabajo de los cuerpos de seguridad ciudadana, según define el artículo segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), es: ( ) salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo ( ).
La seguridad nacional se relaciona con la obligación de garantizar la viabilidad del Estado, realizando las acciones que aseguren mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano (artículo 3 de la ley del SNSP).
El problema empieza desde la redacción misma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se establece que el crimen organizado constituye una amenaza a la seguridad nacional. Error. Error grave: el estado mexicano no está en riego, ni poco ni mucho. Tan es un error que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, define el carácter policial de su combate, bajo la responsabilidad de la entonces PGR, hoy Fiscalía, en la colaboración de la SSP (hoy parte de la Secretaría de Gobernación, en proceso inminente de resurrección).
Dice uno que sabe (Juan Carlos Montero; La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño de la política pública, Perfiles latinoamericanos, vol.20 no.39 México ene/jun 2012): La determinación de la política de combate al crimen organizado como asunto de seguridad pública o de seguridad nacional, decide las dependencias que participan en su implementación. Si el asunto fuera de seguridad pública, la responsabilidad sería de la PGR y la SSP. Pero si se tratara de seguridad nacional, la estrategia sería diseñada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y, particularmente, por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), además de la colaboración de otras dependencias del gobierno federal.
La acción de las fuerzas armadas hasta el momento, es un apoyo temporal indispensable a las fuerzas policiacas civiles, de la Fiscalía y de seguridad pública. Indispensable. Temporal. No es parte de una acción de protección del Estado. No estamos en guerra, ni bajo amenaza de fractura de la nación.
Todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha dado los resultados esperados. Cierto. Pero la alternativa no es una política de concertación y acuerdos, para conseguir que regrese la paz a resultas de la buena voluntad de la sociedad y los delincuentes.
Estamos hablando de delincuentes, no de guerrilleros animados por ideales políticos, por equivocados que estuvieran. Delincuentes sin posibilidad de disculpa. Se podrán reclasificar y hasta cancelar algunos delitos (campesinos que siembran amapola o marihuana, por ejemplo, aunque legalizar la siembra es absurdo si sigue habiendo compradores, que son traficantes), pero no hay posibilidad ética de eximir de responsabilidad a secuestradores, asesinos, tratantes de personas, traficantes de drogas, extorsionadores ni chantajistas.
Problema muy complejo. La respuesta facilona -y cierta-, es señalar la corrupción de los cuerpos policiacos; otra respuesta de babas es afirmar que la violencia que requiere reprimir el delito, incrementa el delito: violencia genera violencia bueno, que los policías salgan a la calle o vayan a la montaña, con ramos de flores y cajas de chocolates, en lugar de armas largas y chalecos antibalas. Seguro los narcos se enternecen y regresan al buen camino.
Otra cosa que se evade en el discurso del próximo gobierno federal, es la Iniciativa Mérida firmada por México y Centroamérica con el gobierno yanqui en 2008. Tarde o temprano lo tendrán que enfrentar: estamos como estamos, para que los consumidores de drogas de los EUA sigan teniendo el suministro en santa paz. La lucha es acá, el problema es allá.
A cambio de un apoyo ridículo: 1,600 millones de dólares, entregados en tres años, más 21 helicópteros, 4 aviones -usados-, y asistencia técnica, los cuerpos policiacos de ese país actúan en México, sin primero hacer su tarea en su propio territorio: detener la venta de armas y municiones con que las bandas de delincuentes enfrentan -a veces hasta con ventaja-, a nuestros policías y militares; e impedir el sereno flujo de las inmensas cantidades de dinero que genera el narcotráfico: la GAO (auditoría superior de los EUA), calcula las ganancias de los narcos en 23 mil millones de dólares anuales (Report on Drug Control, October 25, 2007) no es un lunar que todos podemos llevar: es un elefante podrido en la sala.
Es duro pero la única respuesta es imponer el imperio de la ley. Tardará el proceso de limpieza de los cuerpos policiacos (¡empiecen ya!), pero es el único camino. Buscar soluciones rápidas y fáciles, esperar que las palabras obren un milagro es ingenuo y agravará la situación. Que vuelvan la vista a los estados que tienen seguridad, que vean qué hacen, que lo hagan.
AMLO está atrapado. Si la ciudadanía y los deudos de policías y militares, perdonan y olvidan sus ríos de llanto, no va a cambiar la realidad: los delincuentes no se van a arrepentir ni dejarán su inmenso negocio, muertos de la pena.
