La estabilidad de México está en juego en estas elecciones, gane quien gane; no depende sólo de los candidatos sino de las visiones de país, de sus proyectos y de sus equipos de trabajo. Tenemos instituciones desacreditadas, algunas inservibles y otras hasta dañinas ¿A quién le conviene un país de impunidad, corrupción e inseguridad? En el largo plazo a nadie, pero en el corto le es útil a ciertas cúpulas que logran con ello conservar el statu quo y aumentar sus fortunas y redes de corrupción; mantener a la población aterrorizada y marginada reditúa a algunos.
La ansiedad del cortoplacismo que se exacerbó a raíz de la alternancia en el poder en nuestro país ha incrementado la tendencia a construir instituciones líquidas, usando las palabras de Zygmunt Bauman, desechables. Los ocupantes del poder han buscado legitimarse a través de la modificación formal de las instituciones, fingiendo el cambio estructural, gatopardismo. La descomposición ha alcanzado los rincones más profundos de los gobiernos, pero también de nuestra sociedad, estamos infectados, no se ve la salida, estamos podridos de base. El problema no es el diseño institucional, sino las personas. Un mal diseño con autoridades capaces, valientes y honestas siempre será mejor que un estupendo armado con dirigencia capturada. Contenido mata continente.
La proliferación de los órganos autónomos como supuesto remedio a las decisiones de gobierno tomadas históricamente más por interés político que técnico, fue el sello de la administración de Peña Nieto, y ¿qué pasó? Nada. Se crearon expectativas de cambio profundo, pero varios de estos órganos nacieron capturados. Es un problema no sólo de instituciones dedicadas a tareas administrativas, lo mismo pasa en el Poder Judicial y en el Legislativo. Las personas adecuadas no llegan porque no se quiere que lleguen. Y no que México sea el único país que padece la captura, ni que seamos novatos, pero la forma burda y cínica en que intereses cupulares políticos y privados han ocupado ahora el espacio de lo público es vergonzosa, ya ni siquiera intentan disfrazar lo malo de bueno y nada pasa, todo hiede.
El legislador aprueba leyes que atentan contra el Estado de derecho y el avance democrático en el país como la de Comunicación Social (#leychayote) que ya se pasó en la Cámara de Diputados, con ella se tirará al caño la lucha de años de la sociedad en el tema de propaganda gubernamental; se lanzan candidaturas vulgares como la de Ximena Puente que, siendo comisionada del Inai (el órgano autónomo de la transparencia), se va de plurinominal a la diputación del PRI; la Secretaría de la Función Pública da carpetazo al asunto de la Estafa Maestra; se le concede amparo a Emilio Lozoya en el caso de Odebrecht mientras en otros países la corrupción está encarcelando presidentes y ex presidentes; el Trife ordena al INE incluir en la boleta al «Bronco», a pesar de las trampas, y además le dice que hizo mal su trabajo sin importarle (o buscando quizás) el descrédito de ambas instituciones en vísperas electorales, etc., etc. El problema es la tripulación, no el barco.
No sabemos quién gane la Presidencia, pero con seguridad los equilibrios en el Congreso serán muy distintos a los de ahora, así que es muy probable que haya un cambio de diseño importante. Instituciones recién nacidas y que aún no terminan de consolidarse corren el riesgo de desdibujarse o desaparecer, tal es el caso de Sistema Nacional Anticorrupción que no ha sido completado y por tanto no ha podido demostrar su eficacia o ineficacia: no se nombró fiscal anticorrupción, no se concretó la reforma para contar con una #fiscalíaquesirva y aún ni siquiera se elimina el riesgo de tener un #fiscalcarnal, tampoco se han nombrado magistrados anticorrupción, ni se han terminado de integrar los sistemas locales. Pero el SNA no es el único en riesgo, el diseño y existencia de la Cofece, el IFT, el INEE y hasta el Inai, entre otros órganos, se pondrán en duda para bien o para mal. Andrés Manuel López Obrador mandó hace unos años a las instituciones al diablo
un pleonasmo, de ahí vienen varias.
Por: Irene Levy
(Presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana, miembro del Comité de Participación Ciudadana del SNA)
Twitter: @soyirenelevy
EL UNIVERSAL
