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Ley de Seguridad Interior, abre puertas al uso discrecional de la fuerza

 

La Ley de Seguridad Interior —recién aprobada por la Cámara de Diputados vía fast-track y que en breve pasará a la de Senadores— podría ofrecer un marco jurídico para normar la actuación del Ejército en el combate al crimen organizado, pero si no viene acompañada de un proceso de escrutinio, conformación de instancias de seguimiento y garantías de observación y respeto a los derechos humanos podría dar pie a actuaciones discrecionales y arbitrarias sin rendición de cuentas, expuso Pedro Isnardo de la Cruz, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.

De hecho, de pasar con sus características actuales existe el riesgo de que el Ejército sea empleado en momentos electorales críticos (como el que se avizora en 2018) y, en ese sentido, que dicha institución obedezca consignas o responda a una direccionalidad electoral equivale a pervertir no sólo su lugar en la guerra contra el narcotráfico, sino su papel en la democracia mexicana, añadió.

A decir del especialista en temas de seguridad nacional no se debe desestimar este esfuerzo, pues se trata de una ley necesaria ya que las fuerzas armadas deben ofrecer un diagnóstico de su intervención en la guerra contra el crimen organizado, su opinión sobre la ruta a seguir y una valoración sobre la narcoeconomía y la capacidad del narco para corromper a gobiernos, empresarios y poderes públicos.

Sin embargo, advirtió De la Cruz, detrás de esta aprobación acelerada y por mayoriteo de la Cámara de Diputados se aprecia una urgencia política y una necesidad de legitimar al Ejército ante potenciales escenarios de violación de los derechos humanos.

“Las propias fuerzas armadas deberían estar interesadas en que esto no se apruebe en los términos actuales. No conviene legislar con premura y sin valorar integralmente aquello que debe acompañar a una ley que ofrezca facultades constitucionales para la seguridad nacional, porque ello implicaría dar facultades excepcionales tanto al presidente como a las mismas fuerzas armadas —más allá de los ámbitos criminales— para actuar con arbitrariedad e impunidad”.

La ley que necesitamos

Para el también experto en sistema político México-Estados Unidos y prevención social de la violencia, sí se precisa una ley de seguridad interior, pero una que suponga una reformulación estructural de la legislación y del tejido institucional actuales, a todas luces incapaces de atender delitos tanto del orden común como federales.

“Además, ésta debe ser resultado de un proceso de valoración de la propia estrategia presidencial contra el crimen organizado y el narcotráfico. De no ser así, reproduciremos esquemas disfuncionales de actuación institucional, pese a la importancia y el mérito de normar las facultades y cánones de actuación de las fuerzas armadas”.

Con 248 votos a favor (la mayoría del PRI), 115 en contra y 48 abstenciones (todas del PAN), la ley fue aprobada vía fast-track, algo que para De la Cruz constituye un error, pues se trata de un asunto que amerita mayor deliberación pública y sistemas de contrapesos si la pretensión es dar a la Marina, al Ejército e incluso a las policías federales un estatus de entidades permanentes en temas de seguridad nacional, estabilidad social y paz.

Para enmendar el rumbo, el Senado debería impulsar una consulta y un consenso reflexivo que derive en un diagnóstico multidisciplinario más amplio donde actores de la sociedad civil y organizaciones analicen temas como desapariciones forzadas, trata de personas, la necesidad de una actuación ministerial a la altura de las demandas del país y la profesionalización de las fuerzas policiales, argumentó.

“De no lograrlo, el riesgo latente es el de mantener divorcios estructurales en la toma decisiones y las políticas gubernamentales de seguridad y justicia, y con ello sólo vamos a privilegiar agendas, apremios institucionales y procesos desperdigados sin lógica estratégica y sin un compromiso presidencial a la altura de lo que está pasando”.

vía UNAM Global

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