La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 45 señala que las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, y desde la publicación de este documento en diciembre 2014, todos los estados de la República han homologado sus códigos civiles para ajustarse a esta norma. El último en hacerlo fue Chihuahua, el mes pasado.
Hasta hace no mucho, una persona podía casarse sin restricción al cumplir los 14, lo que responde a una lógica de fomento de la fecundidad a través de la vía normativa. Esto se hacía con el aval del Estado y organizaciones como la Iglesia católica en respuesta a un entorno en el que las tasas de mortalidad eran altas y la reproducción una forma de garantizar la supervivencia de la sociedad, lo cual en la actualidad ya no tiene mucho sentido, expuso el profesor Carlos Welti, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Al establecer la mayoría de edad como requisito para formalizar el lazo conyugal, agregó el académico, lo que se busca es disminuir los niveles de fecundidad. A esto los demógrafos lo llamamos variables intermedias o intervinientes. En un pasado reciente la mayoría de las personas iniciaba su vida sexual al casarse y aunque situación ya no es tan marcada, aún es un factor importante para ciertos sectores.
Hoy, todas las entidades exigen tener 18 años para dar luz verde a este trámite y 27 lo hacen con rigor, mientras que Baja California, Sonora, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro aún consideran excepciones en ciertos casos, lo que ha generado acaloradas discusiones, al grado de que el 13 de diciembre pasado el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicó el informe Prohibir sin proteger, donde critica la aplicación de esta norma a rajatabla, sin considerar dispensa alguna.
Entre los argumentos esgrimidos por esta asociación civil está el de que la medida responde a presiones de organismos internacionales como la ONU que buscan resolver superficialmente problemáticas profundas y, con ello cometen un atropello contra la autonomía y los derechos de los adolescentes, además de que sus aseveraciones se basan en una interpretación engañosa de las cifras.
Un ejemplo es el texto publicado el 30 de agosto en el blog de la Premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai, donde se dice: En México, una de cada cuatro niñas se casará antes de cumplir 18 y el 90 por ciento de ellas no regresará a la escuela, lo cual, a decir del GIRE, trastoca la realidad, pues en las últimas dos décadas el matrimonio adolescente disminuyó en un 82 por ciento (según la Encuesta Intercensal, en 2015 sólo el 0.9 de estos contrajo nupcias).
La coordinadora de Investigación del GIRE, Isabel Fulda, aseguró en un artículo publicado por Animal Político que para obtener números tan elevados los prohibicionistas pusieron en un mismo saco a las uniones formales e informales y luego las presentaron como si fueran matrimonios, al tiempo que adjudicaron la deserción escolar a esta circunstancia, cuando diversos estudios han demostrado que ésta depende, casi siempre, de la pobreza.
Sobre este punto, Welti indicó que transformar la normatividad en materia de la edad legal mínima para casarse era una asignatura pendiente e insoslayable que, además, pone en evidencia un problema de la sociedad en su conjunto; sin embargo, si la medida afecta a ciertas personas es preciso considerar excepciones, pues las normas deben interpretarse para favorecer a los individuos.
A fin de cuentas, formalizar las uniones significa incrementar la protección de los sujetos y por eso estoy a favor de ellas, sin importar si son heterosexuales u homosexuales. A diferencia de lo que plantean las mentes conservadoras, el matrimonio no debe ser una relación cuyo único fin sea la reproducción biológica, si entendemos eso estaremos más cerca de resolver este asunto.
Para Welti, es innegable que tener hijos a edad temprana impacta de manera decisiva en el futuro de los adolescentes, por lo que establecer la mayoría de edad como requisito para casarse ayuda a abatir los índices de fecundidad, pero resulta insuficiente.
Es útil transformar la normatividad, pero debemos lograr algo más importante: transformar los planes de vida de los jóvenes, es decir, brindarles posibilidades de desarrollo en ámbitos que no sean el ser padres o madres. Se antoja difícil porque significa dar formación académica y empleo, pero para ser efectivos en este sentido debemos garantizar la educación gratuita, es fundamental.
vía UNAM GLOBAL
