19 de abril de 2024

Urgen a frenar minera canadiense en Zacatecas

Los integrantes del Movimiento Civil del Municipio de Chalchihuites (MCMC), conformado por habitantes del lugar y los integrantes del Cabildo, lanzaron un llamado para que la empresa canadiense First Majestic “no opere más en Chalchihuites”, por lo que “exigimos al gobierno federal cancele de inmediato las concesiones otorgadas a dicha empresa”.

En el año 2007, señalaron los integrantes del MCMC, la compañía canadiense fundó la Unidad Minera El Toro, tras haber adquirido los derechos de tres minas del lugar: San Juan, San Nicolás y Dolores, “y empezó a operar sin que los habitantes ni el cabildo fuésemos consultados”.

“A lo largo de este tiempo hemos sufrido diferentes afectaciones; empezamos a ver cómo desaparecía el cerro y nuestro paisaje, comenzó el desabasto de agua, miramos cómo nuestras casas se han ido cuarteando y debilitando por las explosiones y la operación minera”.

La operación de la mina de capital canadiense El Toro, acusan los integrantes del MCMC, ha significado un problema comunitario, pues “nuestras tierras han sido devastadas por la empresa y poco a poco sentimos en nuestros cuerpos el inicio de diferentes manifestaciones de daños a la salud, asociados a la actividad minera”.

El MCMC señala que ante esta problemática, desde hace más de una década, “ni la empresa ni el gobierno quieren reconocer estos daños, y en consecuencia nos encontramos en total indefensión, sin atención médica adecuada y sin dinero para poder atender el tamaño de los problemas que actualmente tenemos y que nunca nos mencionaron como parte del supuesto ‘progreso’ y ‘desarrollo’ que la mina traería”.

“Daños en la piel, en los ojos, en el aparato respiratorio, también gastrointestinales y en oídos, son sólo algunas de las manifestaciones de daños que como población tenemos. Igualmente, la empresa ha dividido a nuestro pueblo y a nuestras familias. Sus promesas de empleo han sido incumplidas, y sus operaciones han sido las causales del daño a la flora y a la fauna que nos rodea”.

Como ejemplo del despojo, el MCMC señala que en 2017 la minera procesó 278 mil 204 toneladas de mineral, empleando 834 millones 612 mil litros de agua que equivalen al consumo de la población de todo el municipio durante siete años y dos meses.

“¿De dónde obtienen semejante cantidad de agua para sus actividades? Sin duda la toman de los mantos acuíferos en perjuicio de los pozos de agua para riego y para consumo doméstico. No sólo usan el agua, sino que la contaminan y sus desechos van a parar a los ríos Súchil y Chalchihuites”.

En contubernio con el gobierno en sus tres niveles, “a los cuales poco o nada les importamos”, la minera El Toro prosigue con el saqueo de los recursos minerales “tal como viene sucediendo desde hace 500 años en los cuales Zacatecas ha sido saqueado, primero por la Corona española y después por el capital trasnacional, a pesar de que durante más de 450 años la dinámica socioeconómica de Chalchihuites se sustenta en actividades agrícolas, ganaderas, de fruticultura y de la producción y exportación de miel, además del comercio y las remesas que envían los migrantes”.

El “nuevo problema” que recientemente se ha presentado, plantea el MCMC, es que desde hace tres meses la empresa minera ha realizado detonaciones de explosivos “que provocan movimientos del suelo y grietas tanto en viviendas como en edificios públicos; a la fecha tenemos daños en más de 50 casas y seguimos censando; el temor de que suceda una catástrofe nos acompaña día y noche”.

Ante este escenario “exigimos la realización de un estudio hidrogeológico integral de la cuenca que dé cuenta de los impactos que la explotación minera está produciendo en los cuerpos de agua, en la flora y fauna silvestre, así como en la agricultura, la ganadería y la salud de los habitantes”.

También se exige la realización del estudio geotécnico que esclarezca en qué medida los trabajos de la explotación minera están afectando y poniendo en riesgo la vida de los habitantes y de los trabajadores de la empresa.

“Exigimos la inmediata intervención de la Secretaría de Economía, del Ejecutivo Federal, a efecto de que realice la investigación correspondiente y ordene las medidas necesarias para preservar la integridad física y la vida, tanto de los trabajadores de la mina como de los habitantes de Chalchihuites, como lo prevén los artículos 43 y 45 de la Ley Minera, y 74 y 75 de su reglamento”.

Vía La Jornada

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