Estado fallido, o podrido

Algunos interpretan la fuga de El Chapo como nueva confirmación de que en México prevalece un Estado fallido, pues no ejerce control eficaz ni siquiera en sus propios espacios carcelarios. Pero en estricto sentido esa definición se refiere a una situación más caótica y anárquica que no prevalece (aún) en México, aunque sí en varias de sus regiones. De lo que no cabe duda es el Estado mexicano ha sido, históricamente, un Estado podrido por la corrupción e impunidad, además de ser ineficaz (es decir, un “Estado tonto”). Conceptos como “fuerza de la ley” o penales de “máxima seguridad” son entelequias en México, y su uso oficial y cotidiano son parte del autoengaño colectivo en que vivimos.
Ratifico lo que escribí cuando El Chapo fue capturado el año pasado, sobre los límites de la estrategia de capturar capos como su principal objetivo (25/II/14): “Más allá de la publicidad y el capital político que reciba Enrique Peña Nieto por este logro, debiéramos preguntarnos si esta captura ayuda significativamente en la lucha contra el narcotráfico y si el saldo será positivo. Desde luego que en un Estado de derecho debe aplicarse la ley a quien la violente, sobre todo tratándose de grandes delincuentes y criminales, pues se parte de la premisa de que la penalización legal será lección para otros futuros delincuentes así como un fuerte desincentivo a la violación a la ley. El problema es que con el narcotráfico —y otros delitos económicamente tan rentables— ese efecto no se logra. Es tal el atractivo de sumas millonarias relativamente fáciles de ganar, que son muchos los dispuestos a jugarse no sólo su libertad, sino también su integridad y su vida para tener acceso a esa riqueza, dure lo que dure”. Sobre todo sabiendo la pudrición e ineficacia de la justicia mexicana y del sistema penitenciario. ¿De qué sirven los estándares internacionales en los penales, si se vulneran por un aparato podrido?
La nueva fuga de El Chapo pone —otra vez— en entredicho la forma en que se ha decidido combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Es evidente que un Estado podrido no puede tener logros en esos términos. Además de considerar la despenalización, lo esencial es combatir la corrupción que lo corroe hasta la médula; pero es un esfuerzo que debe llegar a todos los rincones del Estado en sus distintos niveles, pues es ahí donde los capos logran la fundamental complicidad para operar. Pero la clase política —de todo partido político— no ha querido llevar a cabo esa esencial lucha porque es irse contra sí misma. Se beneficia de la corrupción y por eso hace la vista gorda y la combate sólo en el discurso. El PAN tenía un compromiso histórico contra la corrupción, pero no lo cumplió. Prefirió beneficiarse de ella. Lo mismo el PRD en los espacios en que ha gobernado. Ambos partidos incluso han protegido de varias maneras a sus respectivos delincuentes. Así pues, los costos económicos, sociales y humanos del actual esquema han sido muy elevados; pero los beneficios… ¿cuáles son?
También escribí sobre la captura de El Chapo: “Sobre la extradición, habría que ver si vale más la dignidad nacional de mantenerlo en México, o la aceptación realista de que nuestro sistema penitenciario y judicial es poco confiable, lo mismo por ineficacia que por corrupción, lo que explica justo la fuga de El Chapo en 2001 de un penal de ‘máxima seguridad’… Lo que sí podría ser de ayuda es una investigación profunda, a través de El Chapo, sobre las redes de protección en el Estado, y vínculos de complicidad administrativa y política con lo que ha sido ese imperio del narco. Es obligada, así queden salpicados numerosos políticos y funcionarios. Pero podrían obviarla en aras de la endémica impunidad política”. ¿Se logró obtener dicha información? Tal vez. ¿La conoceremos, en tal caso? Probablemente no. La putrefacción del Estado no lo permite. No, no es El Chapo quien ha vencido al Estado mexicano, o quien se ha burlado nuevamente de él. Es el propio Estado el que se burla a sí mismo, el que se autoderrota a cada paso, debido a su putrefacción.

Por José Antonio Crespo
Profesor del CIDE.
@JACrespo1 

EL UNIVERSAL

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *