A 5 años, exigen justicia por asesinato de líder social

GMX

Familiares de Mariano Abarca, líder social del municipio de Chicomuselo asesinado hace cinco años por encabezar una lucha de resistencia en contra de la empresa minera Blackfire, volvieron a levantar la voz para exigir castigo a los verdaderos autores intelectuales de ese asesinato.

En conferencia de prensa en el zócalo de Tuxtla Gutiérrez, José Luis Abarca Montejo, hijo del líder asesinado, denunció que durante estos años quienes fueron detenidos por estar relacionados presuntamente en el caso,  fueron puestos en libertad; incluso uno de ellos labora como guardaespaldas de Raúl Fuentes Gutiérrez, alcalde de ese municipio.

Dio lectura a un comunicado de prensa en la que fijaron su postura por la nula aplicación de justicia a este caso que ha trascendido hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante la conferencia, estuvieron acompañados de integrantes de la  organización civil «Fundación Ambientalista Mariano Abarca».

Ayer jueves, se cumplieron cinco años de que el líder social fue asesinado frente a su casa por supuestos sicarios, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.  Según denuncia de los familiares ese crimen ha quedado impune hasta el día de hoy.

El asesinato fue motivado, aseguró Abarca Montejo, por la lucha  que su padre  mantenía en contra de la empresa minera canadiense Blackfire la cual había iniciado extracción de varita en la comunidad Morelia.

«En este tiempo, dijo, jamás, se ha llevado a cabo una investigación plena e imparcial para identificar a todos los responsables. Blackfire también está bajo investigación por corrupción del entonces presidente municipal – Julio  César Velasco Calderón,  por haber estado dando pagos directos a su cuenta bancaria personal para que controle la creciente protesta social» mencionó.

Acusó a la embajada canadiense en México de hacer caso omiso a los llamados constantes de protección hacia Abarca Robledo, quien días previos a su muerte había sido amenazado de muerte, tampoco hizo nada para asegurar que la empresa Blackfire no violara las leyes mexicanas.

«Lo que hizo la embajada fue que se distanció del caso y por el contrario defendió la reputación  de la empresa y asesoró a la transnacional sobre cómo podría demandar al estado mexicano por más de 8 millones de dólares, por haber cerrado una de sus minas en el municipio de Chicomuselo».

El hijo del líder asesinado, hizo  de nuevo un llamado a las autoridades a retomar el caso  por las múltiples anomalías en las investigaciones. Dijo, temer  por su  seguridad y la de su familia pues los que estuvieron involucrados quedaron libres y radican en ese municipio, además, existen más de 13 personas, vinculadas con la empresa, que pudieran estar involucradas y nunca fueron investigadas.

Recordó que las personas procesadas y posteriormente liberados fueron Ricardo
Coutiño Velasco, Caralampio López Vázquez, éste labora como guarda espalda del actual alcalde de ese municipio y Jorge Sepúlveda Calvo, de quién se desconoce su paradero, además de otros personajes políticos que se vieron involucrados como Horacio Culebro Borrayas, Walter León Montoya,  Nemesio Ponce y Luis Antonio Flores Villatoro.

Actualmente, dijo, la minera sigue cerrada, sin embargo han llegado empresarios mineros a tratar de sobornar a los pobladores en su intento de reabrir las operaciones extractivas de barita en esa parte fronteriza de Chiapas.

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