JOSÉ CRUZ DELGADO
El gobierno federal ha iniciado una cacería contra los partidos opositores cuya finalidad es desaparecerlos y que Morena sea el único y de esa manera llegar al absolutismo o lo que es peor, crear un régimen dictatorial a través de la reelección.
Resulta que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por el presupuesto enriquecimiento ilícito cuando se desempeñaba como gobernador de Campeche, según publicó el diario Reforma.
Lógicamente que vino la respuesta de parte del Comité Nacional del tricolor y rechazó dicha acusación, y no es en sí la dependencia, sino una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador para desprestigiar a dicho partido porque lo considera un peligro para su gobierno centralista.
Y es que es cierto, es raro que dicha denuncia se dé poco después de haber tomado las riendas de la dirigencia nacional del tricolor, y tiene razón Alejandro Moreno Cárdenas al señalar que se utilicen las instituciones públicas para desprestigiar a un partido político.
Y es que, el PRI ha empezado a crecer a pasos agigantados después de la derrota del año pasado y eso lo considera López Obrador y para su partido un peligro para sus aspiraciones, pues diga lo que diga, firme lo que firme no se le debe creer nada porque conforme dice una cosa dice otra, al igual que la Chimoltrufia.
Si de verdad, su Excelencia López Obrador busca justicia ¿por qué no le ha ordenado a su protegido Napoleón Gómez Urrutia que regrese los 54 millones de dólares a los agremiados que desde el 2006 argumentan que no recibieron tal como lo ordenó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje)
Está claro que mandar al Diablo las instituciones es su fuerte, pero se aprovecha de ellas cuando le conviene.
Se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros ( ) a hacer efectivo en favor de los actores el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional y equitativa de la cantidad de 54 millones 84 mil 470 dólares, que el extinto fideicomiso 10964526 entregó al sindicato el 3 de marzo de 2005, se lee en la notificación emitida por la Junta Especial Número Diez de la JFCA.
Este seudo senador hoy se dice perseguido político cuando todo mundo sabe que robó a los mineros y por eso huyó a Canadá.
Este es el tipo de gente que perdona López Obrador, y que los tiene a su lado para fines perversos.
