Apoyo de la OCDE a México en integridad

 Dionisio Pérez-Jácome Friscione
(Representante Permanente de México ante la OCDE)

Hoy en día hablar de integridad, transparencia y rendición de cuentas debiera ser tan común como hablar de democracia; porque no es posible entender esta última sin dichos elementos fundamentales. Son los pilares de la gobernanza pública y de la confianza en las instituciones del Estado.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México forma parte desde hace 20 años, ha desarrollado diversos marcos e instrumentos internacionales dirigidos a fortalecer la integridad y combatir la corrupción. Estos principios, guías, lineamientos y herramientas se refieren a temas como la ética en el servicio público, la transparencia presupuestaria, la probidad en las compras gubernamentales, la integridad en el cabildeo y el conflicto de interés, entre otros.
La cooperación entre el gobierno de México y la OCDE en estos temas ha crecido de forma importante. Prueba de ello son las recientes revisiones integrales a los sistemas de compras públicas del IMSS, ISSSTE y CFE, cuya aplicación ha resultado en ahorros para el erario por miles de millones de pesos. Más aún, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el IMSS aumentó en 34% el número de oferentes como resultado de su colaboración con la OCDE en materia de contratación pública y, según el mismo organismo, la colusión genera sobreprecios de hasta 37% en las adquisiciones que realizan las dependencias gubernamentales en México.
México participa activamente en distintas instancias de trabajo de la OCDE relacionadas con integridad y combate a la corrupción, entre las que se encuentran el Comité de Gobernanza Pública, el Comité de Política Regulatoria, el Grupo de Expertos sobre Contrataciones Públicas y el Grupo de Integridad del Empleo Público, entre otras. A través de la iniciativa CleanGovBiz, la OCDE apoya a los gobiernos a reforzar su lucha contra la corrupción y a comprometerse con la sociedad civil y con el sector privado en la promoción de la integridad. De igual forma, la OCDE trabaja con la Secretaría de la Función Pública en el fortalecimiento del régimen disciplinario de los servidores públicos, para identificar y aplicar mejores prácticas en la consolidación de principios como legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Con el objetivo de lograr una mayor calidad y coherencia regulatoria entre los niveles supranacional, nacional y subnacional que permita un crecimiento más incluyente, la OCDE colabora desde hace varios años con la Secretaría de Economía en la promoción de principios y adopción de mejores prácticas de buena gobernanza regulatoria, entre las que se encuentran la transparencia y rendición de cuentas. Recientemente la OCDE ha trabajado en la simplificación y el rediseño de trámites administrativos en entidades como Colima, Estado de México y San Luis Potosí, y en municipios como Hermosillo, Metepec y Zapopan.
Es importante destacar también el apoyo de la OCDE a la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral de 63 países —actualmente presidida por México— encaminada a promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la eficacia en el accionar público.
La colaboración entre la OCDE y el gobierno de México también se ha extendido a la atención de crímenes económicos y financieros, incluyendo el lavado de dinero y la evasión y elusión fiscal, con base en mecanismos efectivos de cooperación multilateral y de presión entre pares.
Como ejemplo de lo anterior, es importante resaltar que México forma parte de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE y participa activamente en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho, que monitorea el cumplimiento de la convención. La convención anticohecho es el primer y único instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que se enfoca exclusivamente en combatir el pago de sobornos por empresarios individuales y compañías nacionales a servidores públicos extranjeros. Es decir, México, junto con otros 40 países, busca hacer frente a este preocupante fenómeno también mediante el lado de la oferta del soborno, como complemento a los esfuerzos para identificar y castigar a quien lo recibe.
Otro importante ejemplo de la colaboración entre el gobierno de México y la OCDE es la reciente firma del Convenio para el Fomento de la Integridad, la Transparencia y las Buenas Prácticas de Contratación Pública en el desarrollo y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La OCDE apoyará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aportando su experiencia en cuanto a mejores prácticas en contratación, transparencia e integridad.
Finalmente, debe destacarse el apoyo que la organización brindará al Ejecutivo federal en la instrumentación de las acciones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer la arquitectura institucional en favor de la probidad en el ejercicio del servicio público, destacando lo relativo a la declaración de conflictos de interés.
Como se puede apreciar, la OCDE apoya en forma importante en la promoción de una cultura de la integridad, la transparencia y el combate a la corrupción en México. La adopción de mejores prácticas internacionales en estas materias permitirá potenciar las reformas recientemente aprobadas y contribuir decididamente a incrementar la confianza en las instituciones, los funcionarios públicos y los procesos, en todos los ámbitos y niveles de gobierno.

vía EL UNIVERSAL

 

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