La Cámara baja de Florida, de mayoría republicana, aprobó este viernes un proyecto que prohíbe las ciudades santuario, aunque se espera que la norma no llegue a ser discutida en el Senado.
En una sesión cuyo debate estuvo dominado por los comentarios del presidente Donald Trump, quien, según informó el jueves el diario The Washington Post, calificó de «agujeros de mierda» a países como El Salvador y Haití, la norma salió adelante con 71 votos a favor, todos republicanos, y 35 en contra de los demócratas.
El texto, promovido por el republicano Larry Metz, estipula el rechazo de fondos estatales a ciudades que no cumplan con los requerimientos de las agencias federales de Inmigración, así como multas de hasta 5 mil dólares para los concejos municipales que aprueben medidas santuario para indocumentados.
Propuestas similares a la de hoy ya fueron aprobadas hasta tres veces en los últimos años en la Cámara baja estatal, no obstante, luego en el Senado ni siquiera han llegado a ser discutidas en un comité, tal como señala el diario Orlando Sentinel.
A pesar de ello, para el presidente de la Cámara de Representantes estatal, el republicano Richard Corcoran y quien estaría considerando postular a gobernador, fue una prioridad en la agenda la discusión de esta medida, considerada por la bancada demócrata como inconstitucional y racista.
Creará miedo en nuestra comunidad», dijo en la sesión el demócrata Al Jacquet, quien ofreció parte de su parlamento en creole, lengua haitiana y en claro rechazo a los calificativos de Trump al país caribeño.
La norma mereció también la oposición de la filial en Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que señaló que la norma es inconstitucional y socava la capacidad de las autoridades de proteger a las comunidades a las que sirve.
Al obligar a la policía local a convertirse en agentes de inmigración de facto, este proyecto de ley impedirá que víctimas y testigos inmigrantes cooperen con la policía por temor a ser deportado», señaló en un comunicado Kara Gross, asesora legislativa de la organización.
Vía Excélsior
