Borrachera: La Feria

SR. LÓPEZ

Decía la abuela Elena (la paterno-autleca), que su papá, conforme a las tradiciones del Jalisco de mediados del siglo XIX, era  macho, macho, de diccionario enciclopédico y que respaldaba su condición, con los puños y el revólver, sin andar con explicaderas. También decía que su mamá tuvo a bien darle nueve hijas, todas mujercitas, ni un varón, y que las fue educando a ‘su modo’, de manera que su papá al paso de los años, acabó por aceptar sin retobos que en su casa se hacía lo que dijeran ellas, pero porque él quería. Y cuando no quería, agregaba la abuela, su papá decía: -Hagan lo que les dé la gana –y eso también contaba como autorización plena de la cabeza del hogar. Tan simple.

La legalidad y la legitimidad suelen entenderse mal o a lo mariachi. Y distinguirlas correctamente es importante.

Parece que es muy adecuada la fórmula de Norberto Bobbio: lo que se apega a ley es legal y por ello es legítimo y goza de legitimidad. Jünger Habermas anda por esos rumbos. Al ciudadano simplex parece le está prohibido disentir cuando hablan las vacas sagradas… y no, de ninguna manera.

El poder público, el gobierno en todas sus presentaciones, tiene obligación de apegarse a la ley e imponer su cumplimiento, por la fuerza cuando sea necesario, pues para eso tiene el monopolio de su uso y no debe permitir que haya nadie capaz de resistirlo y no respetar la ley (hoy en México, represión es una palabra malsonante, pero es indispensable para la existencia de una nación).

Aparte, el poder público debe actuar con legitimidad, entendiendo entre otras cosas que no todos los problemas, cada uno en su circunstancia, se resuelven con la mecánica aplicación de las normas jurídicas, ni se puede constreñir el inmenso abanico de acciones políticas al rigor de las normas jurídicas. La legitimidad de las acciones extralegales la otorga que realmente sean en beneficio de la sociedad, no del gobierno.

No sobra agregar: el gobierno es el que aplica las leyes y da las órdenes; la sociedad, cada individuo, obedece. La relación gobierno-gobernados es asimétrica (diría don Gustavo Bueno): uno manda, los demás obedecen. Así es, para eso y si no, el despelote, la ley de la selva.

Sin cinismo dejemos el asunto aquí: desde hace no tanto, los gobernantes tienen la obligación de apegarse a la legalidad, respetar las leyes, y en toda circunstancia extralegal, actuar legítimamente, asumiendo que la ilegalidad se juzga en tribunales y la ilegitimidad por la gente común, sin posibilidad de defensa; Churchill (no es cita), decía que un Jefe de Estado que no estuviera dispuesto a cargar con eso a sus espaldas, cambiara de oficio.

No pretende este menda definir contundentemente y para siempre la diferencia entre legalidad y legitimidad, pero pongamos un ejemplo sencillito: perseguir, detener y mandar judíos a Campos de Concentración, en la Alemania nazi, fue legal, rigurosamente legal y totalmente ilegítimo: se distingue a golpe de vista. Derrocar al régimen zarista mediante un alzamiento popular masivo, es legítimo, pero asesinar al Zar y toda la familia directa fue una salvajada del todo ilegal (¡ay, Lenin!)

La legalidad de un régimen por tanto, es fácil de verificar (para eso están las normas escritas, los códigos); y su legitimidad se aprecia en la aceptación que de él tenga la gente: es infalible el malestar social como indicador de la ilegitimidad de un gobierno (por más legal que sea); y cuando ese malestar se generaliza, termina en asonadas y la pérdida del poder, ilícita pero legítimamente (caso de estudio: Bolivia 2019).

Tal vez por eso es la obsesión de algunos gobernantes con las encuestas de opinión y los medios de comunicación: saben que el juicio de la gente común, aún sin consecuencias legales (jurídicas), es lo que les da legitimidad, pero se equivocan al confundir la impresión parcial, momentánea, con el juicio generalizado o el permanente, posterior a su mandato: no se puede gobernar para ser popular y ejercer el mando es impopular… pero respetado.

Por otro lado: hay sociedades invertebradas, en las que grandes mayorías son indiferentes a los asuntos públicos; sus ciudadanos son de membrete. Cuajar un Estado así es milagroso, pero la ausencia de ciudadanía actuante, es ambivalente: por un lado es un sueño húmedo para los escaladores del poder; por otro, una pesadilla al asumir las responsabilidades públicas. Es el caso de México: somos una nación con una clara vocación por el despelote (aunque cada vez menos, digo).

En esas sociedades almeja (cada ciudadano en su propia concha), tienen gran importancia los institutos y organizaciones civiles (partidos políticos, sindicatos, asociaciones y organismos independientes), dependiendo de su capacidad de movilización de masas; así mismo los medios de comunicación que influyen más entre amplias capas de la sociedad con mensajes que no requieren de razonamientos que dan pereza: todo digerido, por favor.

Sea cual sea el tipo de sociedad, lo que el gobernante no debe hacer es decretar la exención parcial del cumplimiento de la ley para algún sector o clase (caso de estudio: México y los decretos orales de amnistía a corruptos; el abandono de la persecución de capos de la delincuencia organizada; cancelar el uso de la fuerza; declarar que si fuera posible se desaparecería al ejército); tampoco debe menospreciar a las fuerzas políticas, sindicales y organizaciones civiles (como las de los campesinos, por ejemplo); ni aparecer como aferrado a su propio criterio, impermeable a toda opinión (sobran ejemplos)… ¡ah! y no ayuda nada un ánimo belicoso con los medios de comunicación.

De regreso al tema: por supuesto es legal que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación encerraditos en una sede alterna al Congreso (cercado por campesinos). Igual pueden imponer todos sus criterios. Pero eso los va deslegitimando y cada vez más la gente los percibe como ebrios de poder… y la gente es como Gabino Barrera que no entendía razones andando en la borrachera.

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