Cinco pendientes en la agenda migratoria de Estados Unidos con México, 2021-2024

JUAN JOSÉ LI NG

El Banco de México informó que durante el pasado mes de septiembre ingresaron a México 3,568 millones de US dólares, lo que representó un incremento de 15.1% respecto a septiembre del año anterior.

El número total de operaciones para el envío de este recurso fue de 10.3 millones (+8.9%), mientras que la remesas promedio se ubicó en 346 US dólares. Así, pese a la pandemia por Covid-19, las remesas a México continúan creciendo de forma importante, y se estima que para finales de este año podrían acumular un monto cercano a los 40,000 md.

Sin duda, la política migratoria y económica en Estados Unidos tiene un impacto importante en el flujo de remesas a México. En 2019, cerca de 12.4 millones de personas migrantes mexicanas residían en ese país, si a además se les suman las personas mexicanas de segunda generación y tercera generación o superior, en total había 39 millones de habitantes con origen mexicano en Estados Unidos (BBVA Research, Fundación BBVA, & Conapo, 2020). Esta población es la que ha enviado alrededor de 30,000 md por concepto de remesas a sus familiares y conocidos en México durante los primeros 9 meses del año. El futuro de las remesas a México podría cambiar en función de lo que ocurra hoy en las urnas en Estados Unidos.

ELECCIONES 2020 EN ESTADOS UNIDOS

Este martes 3 de noviembre de 2020 se llevan a cabo las elecciones generales en Estados Unidos. En total, se elegirán a 435 congresistas distritales, 35 senadores, y diferentes cargos locales, así como para el distrito federal (Washington, D.C.). Los 435 representantes de la cámara baja, más 100 senadores (65 continúan de periodos anteriores) y 3 miembros del distrito federal, conformarán los 538 miembros del colegio electoral que elegirán al presidente y vicepresidente de Estados Unidos para el periodo del 20 de enero de 2021 al 19 de enero de 2025.

Cabe destacar que el sistema de elección presidencial en Estados Unidos no es por votación directa, sino a través del colegio electoral. Para que un candidato llegue a ser presidente, requiere de la mayoría simple del colegio electoral; es decir, 270 votos. Aunque el colegio electoral se reunirá para la elección del presidente hasta el próximo 14 de diciembre, dada las estructuras de juramentos que hacen sus miembros a sus partidos y/o estados de origen, es posible que el resultado de la elección presidencial se conozca este mismo martes 3 de noviembre o pocos días después.

Se calcula que hay 239 millones de personas en edad de votar que son elegibles para emitir su sufragio en las elecciones generales del día de hoy en Estados Unidos. De acuerdo con datos recopilados por el U.S. Elections Project (2020), hasta el día de hoy en la madrugada, 99.7 millones de personas ya habían votado anticipadamente: 35.7 millones en persona y 64.0 millones a través de correo. Si consideramos que se repita la tasa de participación de las elecciones generales de 2016, que fue de 60.1%[1] (U.S. Elections Project, 2018), se esperaría que en estas elecciones se contarán en total cerca de 144 millones de boletas. Así, para este martes, más de 44 millones de estadounidenses podrían asistir a las urnas a votar o depositar su voto por correo.

La contienda para ganar la elección presidencial de 2020[2] la disputan el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump por parte del Partido Republicano, que busca la reelección para un segundo término; y Joe Biden del Partido Demócrata.

Quien sea elegido presidente, definirá la futura agenda migratoria que sin duda afectará la migración y las remesas de México. Ante este panorama, a continuación, se analizan 5 temas de relevancia en la agenda entre México y Estados Unidos que tendrán impactos en la migración de personas mexicanas a Estados Unidos, de personas centroamericanas que transitan por México, y en el flujo de remesas a nuestro país y a la región de América Latina y el Caribe.

LOS CINCO PENDIENTES

1)     El muro fronterizo de Estados Unidos con México

Una de las promesas insignia durante la campaña del presidente Trump en 2016 fue la construcción y el reforzamiento del muro fronterizo terrestre con México (BBVA Research, 2017b). Se estima que desde que tomó posesión el presidente Trump hasta inicios de este año, se han erogado más de 11,000 millones de US dólares en el sistema del muro fronterizo, lo que ha agregado 576 millas adicionales de muro. Esto se suma a las cerca de 650 millas de la estructura fronteriza que fueron construidas durante las administraciones de los presidentes George W. Bush y Barack Obama (Cárdenas, 2020). A la fecha, no se tiene evidencia de que la extensión en el sistema del muro fronterizo haya tenido efectos disuasivos o de control para disminuir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, pero sí puede acarrar problemas ambientales que afectarían la fauna y el medio ambiente en la región fronteriza (Garbus, 2018; Parker, 2019; Roche, Millis, Gordon, Krakoff, & Burt, 2017).

En caso de que el presidente Trump se reelija, continuará la construcción del muro fronterizo durante los próximos 4 años, y buscará, como prometió en su campaña de 2016, hacer que México page directa o indirectamente el costo de su construcción. Por el otro lado, el candidato Biden indicó que, de llegar a la presidencia, detendría la construcción del muro fronterizo y se enfocaría en usar medios tecnológicos para la protección fronteriza.

2)     El posible impuesto a las remesas

Una de las formas que la administración del presidente Trump analizaba para hacer que México pagará por el muro fronterizo era a través de la imposición de un impuesto a las remesas, que también podría extenderse a las que se envían hacia América Latina y el Caribe. Durante el primer año del mandato del presidente Trump, dicha idea estuvo en discusión y aunque existió la incertidumbre sobre la posibilidad de imponer un impuesto a las remesas (BBVA Research, 2017a, 2017c), ninguna iniciativa prosperó.

A pesar de las difíciles condiciones económicas debido a la pandemia por Covid-19, en BBVA Research estimamos que las remesas a América Latina y el Caribe podrían llegar a 70,400 millones de US dólares (md), +6.0% anual. Por lo que un impuesto de 1% por parte de Estados Unidos, podría generar una recaudación de 704 md, y un impuesto de 2% podría recaudar más de 1,400 md. En México, el flujo de remesas para 2020 podría estar en cerca de los 40,000 md, por lo que un impuesto de 2% podría representar 800 md menos para las familias receptoras de este recurso.

Por fortuna, no hay actualmente ninguna iniciativa concreta vigente o un plan de la administración del presidente Trump para imponer un impuesto generalizado a las remesas a América Latina y el Caribe o a México. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos sí ha aplicado restricciones importantes al envío de remesas a Cuba. Desde septiembre de 2019, ordenó a todas las personas y empresas bajo su jurisdicción para que limiten la cantidad de remesas que puede recibir una persona con nacionalidad cubana a 1,000 US dólares trimestrales. En septiembre de este año, el gobierno del presidente Trump impuso más restricciones, entre ellas, agregó a la lista con prohibición para hacer negocios o tener relaciones a una de las principales empresas donde se reciben remesas en Cuba (Pompeo, 2020; U.S. Department of the Treasury, 2019). En su campaña, el candidato Biden ha criticado fuertemente estas medidas implementadas, argumentando que las familias de personas cubanas americanas serán las más afectadas al no recibir estos recursos.

Aunque es difícil de saber, es posible que, si el presidente Trump logra reelegirse, busque nuevamente formas para hacer que pague México por el muro fronterizo, siendo el impuesto a las remesas una de las vías.

3)     La política de aprehensiones y el discurso migratorio

A lo largo de su administración, el presidente Trump ha presentado un tono en contra de las personas migrantes, y ha abordado el tema migratorio como un asunto de seguridad nacional, por lo que en caso de una reelección esta sería una posible tendencia. Por su parte, la plataforma demócrata, encabezada por el candidato Joe Biden, abiertamente reconoce la contribución de las personas migrantes a la economía y recuerda que Estados Unidos es una nación formada por migrantes de muchas partes del mundo. Además, indica la necesidad de establecer mecanismos para que más personas migrantes puedan regularizar su situación en el país, incluyendo una vía para la ciudadanía (Democratic Party, 2020; Donald J. Trump for President Inc., 2020).

Si bien con las administraciones demócratas se tiene un tono más a favor de las personas migrantes, en lo que respecta a la actuación de las autoridades migratorias de ese país, las estadísticas indican que el periodo en que más personas migrantes se removieron, y posiblemente generó la separación de familias, fue durante la presidencia de Barack Obama, periodo en que Joe Biden fungió como vicepresidente.

Entre 2009 y 2016, periodo que corresponde más o menos a los ocho años de la administración del expresidente Obama, en promedio se realizaron 389 mil remociones (deportaciones) y 273 mil retornos de migrantes al año; mientras que de 2017 a 2019, periodo que corresponde aproximadamente a los primeros tres años de la administración Trump, fueron removidos 325 mil migrantes anualmente en promedio, y 144 mil fueron retornados.

4)     El futuro de las y los dreamers

El término dreamers, que se traduciría como soñadores en español, hace referencia a aquellas personas migrantes no documentadas que llegaron a Estados Unidos siendo niños y niñas y que, en general, fueron llevados por sus padres o algún otro familiar a ese país y cuentan con cierto nivel de escolaridad, por lo regular adquirido en el vecino país del norte. Actualmente, el término suele usarse para referirse a los beneficiados del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), el cual se diseñó para atender a este grupo de población y que fue implementado a través de órdenes ejecutivas emitidas por el entonces presidente Obama. DACA otorga determinada documentación a las personas beneficiadas para estar en territorio estadounidense, y además brinda un permiso para trabajar (BBVA Research, 2016).

Desde su campaña en 2016, el presidente Trump señaló que este programa estaba fuera de la ley y que lo revocaría para que el congreso legislara al respecto. A menos de un año de tomar posesión, en septiembre de 2017, el presidente Trump ordenó iniciar el término del programa, el cual llegaría a afectar a cerca de 800 mil dreamers, de los cuales 630 mil eran de origen mexicano (BBVA Research, 2017d). Tras diversas inconformidades presentadas ante el poder judicial por organizaciones de la sociedad civil y colectivos de beneficiarios de DACA, a principios de 2018 dos mandatos de cortes federales ordenaron que continuara renovándose el programa a quienes ya eran beneficiarios; sin embargo, ya no se aceptarían nuevas solicitudes. Finalmente, en junio de 2020, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos resolvió que se había violado el proceso administrativo, por lo que dejó sin validez el término de DACA (Supreme Court of the United States, 2020; USCIS, 2018).

En 2020, se contabilizan alrededor de 644 mil personas beneficiarias activas de DACA, de las cuales 517 mil son mexicanas (80%); es decir, DACA es un programa que beneficia principalmente a dreamers que nacieron en México (USCIS, 2020). La sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia versa sobre que el procedimiento tomado para eliminar DACA no fue el adecuado, no sobre el programa en sí. Esto implicaría que de reelegirse el presidente Trump, se podrían tomar nuevamente acciones para buscar desaparecer el programa. En contraste, durante su campaña, el candidato Biden ha criticado fuertemente estas acciones contra los dreamers, y ha indicado que, de llegar a ser presidente, implementará mecanismos para estos jóvenes puedan obtener la ciudadanía (Democratic Party, 2020; Donald J. Trump for President Inc., 2020).

5)     La política hacia solicitantes de asilo, principalmente para personas centroamericanas, y el programa “Quédate en México”

En los últimos 15 años se ha observado un incremento muy significativo de la migración de personas adultas, familias y niñas, niños y adolescentes no acompañados procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) que hacen la travesía para llegar a Estados Unidos en búsqueda del “sueño americano”. Las condiciones económicas, la falta de oportunidades, la inseguridad y la violencia, son algunas de las principales razones que impulsan su éxodo migratorio. En su trayecto se ven en la necesidad de atravesar México por tierra, principalmente caminando, por carretera en autobús u otro vehículo, o montado el tren al que se le conoce como la “bestia”. Ante esta crisis humanitaria, no sólo han crecido en número, sino también se han adaptado muchas casas de migrantes, albergues, y comedores en el territorio mexicano para apoyar a estos grupos. A principios de 2020, se calcula que en México había casi 100 casas de migrantes, albergues y comedores operados por organizaciones de la sociedad civil y/o organizaciones religiosas (BBVA Research, 2020).

Al ser flujos migratorios mayoritariamente no documentados, no se conoce su volumen real, solo se cuentan con los datos derivados de las aprehensiones que realizan las autoridades migratorias tanto de México como de Estados Unidos. Entre 2010 y 2019, el Department of Homeland Security (DHS) realizó 929 mil retornos o remociones de migrantes centroamericanos procedentes de Guatemala, Honduras o El Salvador. En ese mismo periodo, se estima que México hizo 981 mil devoluciones de migrantes procedentes de estos tres países (BBVA Research, Fundación BBVA, & Conapo, 2020; DHS, 2020).

Para reducir el flujo de migrantes centroamericanos no documentados, el 20 de diciembre de 2018 la administración del presidente Trump anunció la implementación del programa Migration Protection Protocols (MPP), en el cual todo solicitante de asilo no mexicano que ingresara por la frontera sur de Estados Unidos permanecería fuera del territorio estadounidense hasta que resultase favorable el término de su juicio para obtener el asilo. Así, salvo los casos que de forma discrecional el gobierno de EE. UU. acepte en su territorio, el resto de los solicitantes de asilo, principalmente procedentes de Centroamérica, deberán permanecer en México o en otros países, como Guatemala (DHS, 2018, 2019). Por esta razón, el programa se ha llegado a conocer coloquialmente como “Remain in Mexico” o “Quédate en México”. Ante estas disposiciones, México ha declarado que, de acuerdo con su legislación y por razones humanitarias, permitirá el ingreso de estos solicitantes de asilo a su territorio (SRE, 2018).

De enero de 2019 a septiembre de 2020, más de 68 mil personas migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos, principalmente procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, han sido retornadas a México mientras realizan su juicio bajo el programa MPP. Del total de casos con resultados, solo 1.4% se le ha otorgado asilo (TRAC, 2020).

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