Contra la corrupción y la impunidad

Por Mauricio Farah
Secretario General de la Cámara de Diputados

Si algo debilita gravemente la confianza en las instituciones del Estado es la corrupción. De ahí la importancia del debate sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que tendrá lugar los próximos días en la Cámara de Diputados.
En 2001 México se ubicaba en el lugar 51 en materia de corrupción. No era buen sitio, desde luego, pero sí mucho mejor que el 103 (de una lista que incluye 175 países) que obtuvimos en 2014, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional.
En una calificación de 0 a 100, en la que 100 es menos corrupto y 0 más corrupto, México tiene ahora una puntuación de 34. El diagnóstico está hecho. Ahora tenemos que actuar eficazmente, porque hasta el momento los resultados dejan mucho que desear.
Si partimos del año de 1981, cuando el hastío generalizado por la corrupción hizo que el entonces candidato presidencial, Miguel de la Madrid, basara su campaña en “la renovación moral de la sociedad”, llevamos más de 33 años haciendo diagnósticos e instrumentando soluciones tanto en la estructura institucional como en el campo legislativo.
En lo institucional destaca la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (luego de la Función Pública); de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión para la Transparencia y el Combate a la corrupción en la Administración Pública Federal y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI).
En el plano legislativo, sobresalen las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
En el ámbito internacional hemos suscrito la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Visto así, parecería que el incremento de la corrupción no ha sido por falta de normas o instituciones, sino a pesar de ellas. Existe un contraste inocultable entre los avances logrados y la realidad: la corrupción es ahora más profunda, habitual y grave.
La corrupción está enquistada y se expande como una enfermedad. Tiene diversas expresiones, de todas las magnitudes: está en las calles, en las oficinas públicas, en la contratación gubernamental de obras y servicios, en la connivencia entre servidores públicos y delincuentes, en la procuración de justicia, el nepotismo, el uso indebido de los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, los abusos de autoridad, el favoritismo, la secrecía, el cohecho en transacciones comerciales, en el blanqueo de dinero, y en el uso discrecional y político/electoral de los recursos públicos, entre otros ámbitos.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción representa un costo de 1.5 billones de pesos al año, y las empresas destinan el 10 por ciento de sus ingresos a sobornos y “comisiones”.
Aquel que logra que su vehículo no vaya a dar al corralón mediante una mordida, o destrabar un trámite con una dádiva o que se le adjudique una obra previo soborno, cree que ha obtenido un bien y que, en consecuencia, la cultura de la corrupción finalmente no es nociva, pues es práctica, expedita y eficaz. Esa percepción, sin embargo, es equivocada, pues la corrupción carece de ángulos positivos: desvía recursos de todos para beneficios personales, reduce el alcance del presupuesto público, produce obras de mala calidad e incluso peligrosas, disminuye los niveles de inversión y crecimiento, pone en riesgo la estabilidad macroeconómica y afecta la percepción internacional del país.
La corrupción dispone de los recursos de los mexicanos para beneficio de unos cuantos y restringe la equidad de las oportunidades. Cáncer al fin, la corrupción mata de a poco y a veces de manera vertiginosa. La corrupción pone en duda la legitimidad del Estado, afecta la confianza de la sociedad y corroe la política.
Para crecer necesitamos hacer más con menos, pero debido a la corrupción hemos terminado por hacer menos con más, como acaba de denunciarlo la OCDE. La corrupción atenta también contra el bienestar. De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5% y 1% anual.
Entre otras causas, la corrupción ha crecido porque se le ha premiado con impunidad. Es preciso frenar a ambas. El binomio corrupción/impunidad es círculo que asfixia el esfuerzo, los derechos y los anhelos de la población entera.
Así entendida, la corrupción no es una especie de niebla inocua, que estorba pero no afecta. Por el contrario, impacta la economía y el nivel de vida de todos, excepto de los que se benefician de ella, a costa de la inmensa mayoría.
Por ello es imprescindible que el debate que comenzará en la Cámara de Diputados fructifique en la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción capaz de evitar la fragmentación institucional, articular de manera eficaz a todas las instancias y poner freno a esta especie de ola expansiva que ha minado al país durante décadas.
Es de máximo interés para el Presidente de la República, así como para los Senadores y diputados federales que el sistema anticorrupción que se apruebe tenga alcances formativos, preventivos y punitivos. A nivel de la sociedad, necesitamos una nueva cultura, que hay que forjar ya, así como establecer mecanismos de rendición de cuentas y de control del desempeño público para sancionar con toda la fuerza de la ley a los corruptos. Si no lo hacemos, seguiremos destruyendo al tejido social y nuestras expectativas económicas, seguirá prevaleciendo la inseguridad y continuaremos atestiguando la paulatina destrucción de nuestra convivencia.
@mfarahg

vía EL UNIVERSAL

 

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