Corrupción e impunidad: injusticia cotidiana

¿Qué tienen en común una periodista norteamericana, una jovencita ultrajada presuntamente por un grupo en Veracruz y una familia de personas con discapacidades en una zona popular de la Ciudad de México? Que todos son víctimas de la indiferencia de servidores públicos que renuncian a ejercer su autoridad para ponerse al servicio del poderoso y proteger intereses mezquinos, incluyendo los propios.
Los agraviados padecen esa corrupción que crea un ambiente de injusticia y eleva muros de desconfianza entre gobernantes y gobernados.
Un infortunado ejemplo es el caso de Andrea Noel, la periodista estadounidense que recientemente padeció violencia sexual en la Ciudad de México. Aunque las redes sociales se incendiaron ante el video de su ataque, esa exposición sólo sirvió para exacerbar su vulnerabilidad, por lo que decidió abandonar nuestro país. Las autoridades no actuaron para investigar lo sucedido o para protegerla de las amenazas en su contra.
Una polémica distinta es la abulia de autoridades del estado de Veracruz ante las acusaciones por violación presentadas contra un grupo de jóvenes de familias destacadas en lo político y lo empresarial. Luego de un año de la agresión, los nulos avances de las investigaciones han derivado en una serie de escaramuzas mediáticas entre el padre de la joven y los presuntos agresores. Sea cual sea el resultado del proceso judicial, el tortuguismo oficial ya ha agravado los daños psicológicos a los involucrados y ha generado tensión e indignación en la sociedad.
Otro suceso: la familia del profesor jubilado Bernardino Cruz ha sufrido despojos, así como daños que hacen inhabitable su casa, debido a una construcción vecina, en la colonia La Carbonera, de la CDMX. A pesar de que diversas autoridades, entre ellas la comisión local de derechos humanos, han fallado en su favor, no han hecho efectivas sus prerrogativas. Los tres miembros de la familia padecen discapacidades, lo que dificulta aún más que puedan presionar a las autoridades.
Si algo evidencian estos tres casos—parte del sufrimiento en todas las entidades de la República— es que existe esa corrupción que se basa en el intercambio de dinero, pero también otra que tiene su nacimiento en la abulia burocrática, en el desprecio al sufrimiento de las víctimas y en la llana pereza. Ambos tipos de corrupción son igualmente dañinos.
La demanda de justicia en estos casos se origina en la inquietud de los medios de comunicación y en las redes sociales, pero hay miles de casos de injusticia cotidiana que por diversas circunstancias no cuentan con la atención de la opinión pública. ¿Cómo puede el Estado esperar confianza y respaldo de quienes han padecido la irresponsabilidad o el desdén de las autoridades?
Esta es la raíz de los negativos indicadores de desconfianza en las policías, en las instituciones gubernamentales y en los partidos políticos, del abstencionismo electoral y del desinterés en la participación ciudadana.
Ello nos remite a una obligación básica del Estado y de sus agentes: investigar y castigar los delitos de manera pronta y eficaz, en beneficio de la fortaleza de nuestra convivencia. Esto se traduce en que la autoridad funciona sin preferencias de ningún tipo y que la igualdad ante la ley es mucho más que un componente de la retórica oficial o electoral.

Por Mauricio Farah
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos
@mfarahg

EL UNIVERSAL

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