28 de marzo de 2024

Costó 32 millones de dólares el “malware” para espiar en el sexenio de Peña Nieto

GMx

Mientras Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, reveló que el contrato de Pegasus costó inicialmente unos 32 millones de dólares, Andrés Manuel López Obrador reiteró que lo más importante es que ya no se espíe y que se sepa de qué tamaño fue el gasto realizado “porque era un jugoso negocio”.

El Presidente de México reiteró que no pretende presentar alguna denuncia penal en contra de quiénes resulten responsables del espionaje a sus colaboradores cercanos, a su familia, a periodistas y a defensores de derechos humanos en el sexenio pasado.

“La venganza no debía ser el objeto de ninguna persona y no presentaré ninguna denuncia”, complementó Santiago Nieto, quien fue preguntado respecto de que él mismo fue objeto de persecución en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Reveló que al llegar a la UIF encontró un archivo llamado “Los Maléficos”, en el cual, se incluía a AMLO, quien era señalado como “El Gallo”, pero también aparecían otros personajes como Olga Sánchez Cordero, el periodista Víctor Trujillo y la periodista Carmen Aristegui.

PEGASUS

En el detalle del caso Pegasus, Santiago Nieto reveló que fue la empresa Tech Bull la que contrató con la Fiscalía General de la República (FGR) Tomás Cerón de Lucio el polémico malware que habría servido para espiar a unos 15 mil teléfonos en México.

“Este contrato es un contrato es un contrato de 32 millones de dólares que se compró a la empresa israelí NSO Gruop, a quien terminó transfiriéndose el recurso”, aunque dijo que no es el primer caso de este tipo, pues ocurrió otro en el sexenio de Felipe Calderón, cuando era funcionario Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos.

En general, dijo, entre 2012 y 2018, hubo una serie de contratos de este tipo a distintas empresas por parte de una serie de instancias del gobierno federal, no necesariamente la Fiscalía de la República.

Dijo que las empresas Tech Bull y Balam fueron las que triangularon los recursos mediante una serie de al menos 10 empresas fachada, en la que en algunos casos únicamente habían unos siete trabajadores al año en promedio, lo que hace suponer que solamente se trataba de actos de corrupción.

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