De las lágrimas a la reintegración del financiamiento: Hoy en el Congreso

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Las lágrimas del presidente, las protestas de los medios de comunicación de las Cámaras del Congreso de la Unión y la Casa Gris.

El martes 15 de febrero hubo varios acontecimientos que marcaron la escena política esté día. Por un lado, en la conferencia matutina el Ejecutivo Federal al borde del llanto, luego de recordar que su familia, y especialmente sus hijos, han sido víctimas de espionaje desde hace muchos años. Sus lágrimas pueden consternar a una parte de la población, pero creo que no son ciertas y antes de llorar debe de explicar y aclarar lo relacionado con la vida de lujos que lleva su hijo José Ramón en Houston Texas. También como ciudadanos debemos saber la relación de su hijo con los hijos de Daniel Chávez Morán, quien actualmente es supervisor honorífico en el megaproyecto del Tren Maya. Cuando José Ramón supuestamente aclaró su situación e ingresos en Estados Unidos, aseguró que comenzó a trabajar en 2020 como asesor legal de desarrollo y construcción de la empresa KEI Partners, con la que obtuvo su visa de trabajo TN para residir en EEUU sin ningún contratiempo.  Pero resulta que el gobierno amplió concesiones de playa a Grupo Vidanta, hasta por 15 años de playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero; la mayor fue en 2020, cuando hijos de Chávez gestionaron visa de trabajo al hijo de AMLO. Ante este conflicto de intereses el Ejecutivo no ha dado explicación al respecto y por el contrario ataca a quienes publicaron la investigación de la ya famosa Casa Gris.

Otro evento fue la protesta inédita realizada por los medios que cubren las actividades diarias del Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados al grito de «¡Nos queremos vivos!», reporteros, fotógrafos y camarógrafos protestaron contra los seis asesinatos de colegas que han ocurrido en este inicio de año en el país y el aumento de la violencia contra la prensa.

En la Cámara de Senadores los reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubren la fuente del Senado mexicano abandonaron una conferencia de prensa que ofrecían legisladores MORENA, cuando quisieron empezar a desprestigiar periodistas en su rueda de prensa y los medios de comunicación apagaron sus cámaras y micrófonos y los dejaron hablando solos. Es de reconocer la valentía de los periodistas para solicitar respeto a su trabajo y la libertad de expresión que actualmente se encuentra trastocada.

Ante estos reclamos, tanto en cámara de diputados y senadores los partidos de oposición han presentado exhortos al titular del Ejecutivo Federal para que se abstenga de usar a las instituciones del Estado mexicano para presionar, perseguir y hostigar a los periodistas. Es necesario un freno al autoritarismo del Ejecutivo.

En el mismo día en la sesión del Senado se decretó un receso al negarse los senadores de MORENA a discutir lo relacionado con la llamada Casa Gris en donde vivió el ya mencionado José Ramón López Beltrán. El PAN y otros partidos de oposición desde que salió el escándalo de Houston, han presentado puntos de acuerdo para que las instituciones investiguen. Ninguno de ellos ha pasado porque MORENA los ha bloqueado desde la mesa directiva. Al parecer les incomoda abrir esa caja de pandora porque están moralmente derrotados. La denuncia sobre el presunto acto de corrupción o conflicto de interés originó un vacío de autoridad para iniciar investigaciones al respecto, sobre la noticia el presidente reaccionó molesto con los medios que dieron a conocer la noticia al grado de exhibir sus supuestos ingresos obtenidos por su actividad profesional, pero de aclarar la situación denunciada no hay nada.

En administraciones pasadas los escándalos o cuestionamientos que han impactado la imagen del Ejecutivo o su partido se han discutido, cabe recordar que en la Cámara de Diputados en su momento se creó la comisión especial para investigar las actividades económicas y financieras de los hijos de Marta Sahagún Jiménez, por cierto la actual senadora. Martha Lucía Micher presidió en su momento la comisión y el coordinador en ese entonces del PRD Pablo Gómez defendió la creación de la comisión y le pidió al PAN congruencia al negarse participar en dicha comisión. También en la Cámara de Diputados se creó una comisión especial para investigar los contratos de Transportes Especializados Ivancar con Pemex Refinación durante el tiempo en que Juan Camilo Mouriño fue apoderado legal de esa empresa. También ante las exigencias de la ciudadanía para el esclarecimiento del caso de la empresa denominada Oceanografía S.A. de C.V. suscitadas en el mes de febrero de 2014, el Senado de la República consideró pertinente analizar a profundidad el asunto a través de una Comisión Especial producto de un acuerdo de la Jucopo.  Lo de la Casa Blanca de la entonces esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera también se investigó y se llevó al pleno de las cámaras.

Ahora que son gobierno, los anteriores promotores de comisiones investigadoras para actos de corrupción por parte del Ejecutivo o sus familiares cercanos, se niegan a investigar y cierran filas con el Ejecutivo, por ejemplo la actual senadora que presidió la comisión especial de los hijos de Fox, Martha Lucía Micher en el debate para investigar a José Ramón López Beltrán defendió la privacidad del hijo del Presidente de la República, o sea, antes no, ahora si se defiende la privacidad. Cabe recordarles a los legisladores que su lealtad es para los ciudadanos y el país y no a un solo hombre.

Bloqueo de tarjetas

En la semana la Cámara de Diputados aprobó los siguientes dictámenes interés la reforma la Denominación del Título Quinto y se adiciona un capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, que genera un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia, de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas, en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los actos asociados con los delitos señalados.

En el procedimiento se establece que quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer su derecho de audiencia y demás prerrogativas procesales, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, conforme a lo siguiente:

  1. a) Previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado por los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas, y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos;
  2. b) La Unidad de Inteligencia Financiera, de oficio o a petición de parte, podrá ampliar de manera fundada por una sola ocasión el plazo antes mencionado;
  3. c) Transcurrido el plazo para que el interesado presente pruebas y formule alegatos, la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de que esté integrado el expediente. emitirá la resolución administrativa en la que fundamentará y motivará la inclusión del interesado a la lista de personas bloqueadas, y si procede o no su eliminación de la misma; y
  4. d) En contra de la resolución procederá la impugnación.

En la exposición de motivos se menciona que se establecen mecanismos legales que favorezcan la detección, prevención y bloqueo de las operaciones que se llevan a cabo con recursos de procedencia ilícita. Se expone que las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito armonizan los criterios judiciales vertidos en materia de bloqueo de operaciones activas y pasivas bancarias con motivo de causas nacionales, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con la reforma se da cabal cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en cuanto toca a la materia de aseguramiento de bienes derivado de lavado de dinero. El dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Reintegración de financiamiento

También se aprobó con la votación de MORENA, PVEM, PT y del PRI en sentido positivo el dictamen que adiciona los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos; y un artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de renuncia parcial y, en su caso, reintegrar el financiamiento. El dictamen establece que dentro de los derechos y obligaciones de los partidos políticos que éstos podrán renunciar parcialmente y, en su caso reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezcan en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado, en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. El reintegro de recursos correspondientes al financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento.

Asimismo, los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de Federación por acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los partidos políticos y a solicitud del Comité Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido.

En el caso de que los recursos ya se hubieran entregado a los partidos políticos o de remanentes del ejercicio, por concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido, tramitará su reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente. El reintegro de los remanentes del ejercicio no se podrá realizar hasta en tanto no sea presentado a la Unidad Técnica el informe anual previsto en el artículo 78, numeral, 1 inciso b, de la Ley General de los Partidos Políticos.

Se propone también modificar el artículo 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer que los ingresos, por concepto de aprovechamientos, que correspondan a las disponibilidades o remanentes de recursos que los partidos políticos enteren a la Tesorería de la Federación, en términos del artículo 23, numeral 1 inciso d), cuarto párrafo, de la Ley General de Partidos Políticos, podrán ser destinados por la Secretaría preferentemente para atender los efectos de cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. El dictamen fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.

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