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Una Misión de Observación conformada por 24 organizaciones con presencia en México, Estados Unidos y Centroamérica, denunció que la Frontera Sur es una tortura silenciosa.
Tras un recorrido de dos días por la Costa y Frontera Sur de Chiapas, los observadores indicaron que se agudiza un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad.
Documentamos, indican los participantes, entre ellos periodistas y activistas, múltiples puntos de control migratorio con fuerte presencia de fuerzas de seguridad del Estado, particularmente policía federal y policía militar, sin que haya claridad sobre sus funciones.
Observamos que es una práctica de Estado sistemática e intencional, que es incongruente con el discurso oficial de una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, dice el documento fechado en Tapachula.
Documentamos que la detención migratoria funge como estrategia de represión y castigo, explica el texto en el que también se hacen una serie de peticiones, se denuncia la xenofobia y las violaciones a los derechos humanos.
ALGUNAS EXIGENCIAS
-Transitar de una política de Estado en materia de movilidad humana basada en la seguridad nacional, a una centrada en la seguridad humana.
-Garantizar una coordinación de los tres niveles de gobierno, que permita construir una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos humanos, asegurando la participación real de las organizaciones de derechos humanos.
-Eliminar la detención migratoria como práctica generalizada de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional.
-Asignar presupuesto económico desde el Poder Legislativo, garantizando recursos suficientes para la operatividad efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas.
-Sostener una política pública permanente contra cualquier forma de discriminación, racismo y xenofobia.
-Garantizar la atención integral e inmediata en materia de salud a la población migrante y refugiada, priorizando a niñas, niños y mujeres embarazadas, más aún mientras se encuentren en centros de detención migratoria.
– Garantizar el derecho a defender derechos humanos de quienes ofrecen ayuda humanitaria, apoyo y asesoría.
-Exigimos finalmente al Estado mexicano que cumpla y sea congruente con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión
