El dilema: La Feria

SR. LÓPEZ

Tío Macario no tuvo hijos ni esposa. Fue un señor raro que vivió raro y se hizo bárbaramente rico ejerciendo de usurero, por lo que nunca fue bien visto y nadie lo trataba. Siendo ya un anciano que apenas respiraba, lo empezó a frecuentar un sobrino, cuyo nombre no da la gana recordar a este menda, muy interesado en ganarse su afecto (y alguna mención en su testamento). Ya fiambre el tío, el sobrino ese quiso hacer valer su condición de heredero universal, con una carta escrita de puño y letra y firmada por tío Macario, pero con toda sencillez, la señora que vivía en el cuarto de la azotea y atendía al tío y su casa, hacía décadas, sacó de una bolsa de plástico un testamento debidamente hecho ante Notario, en el que ella heredaba todo. El fétido sobrino gastó lo que no tenía en abogados y quedó más pobre que antes. Merecido.

Jueves 15 de abril de 2021, cuatro de la tarde con 23 minutos, Salón de Plenos del Senado de la república: -“Ya… ¡ya tronó!” -exclamó el senador morenista Daniel Gutiérrez Castorena. Al fondo se escuchaban los gritos de Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano: -“¡No podemos permitir esta aberración al orden constitucional!, ¡es un albazo!, ¡esto es un albazo!, ¡es un albazo!”

Estaba iracundo don Delgado y sí, fue un ‘albazo’ (término referido a una acción de guerra emprendida al amanecer, que en México se usa para aludir a las acciones mañosas, al ‘agandalle’, mexicanismo coloquial despectivo para señalar un acto tramposo).

El motivo del derrame masivo de bilis de don Dante, era el añadido a la legislación secundaria de la reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación, de un artículo transitorio (el 13), que prolonga dos años, de 2022 a 2024, el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (y la misma alargada del periodo de los siete consejeros de la Judicatura).

Ya se votaba esa legislación, cuando la secretaria de la Mesa Directiva, Eunice Romo, hizo público el transitorio y entonces el senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, descubrió de churro (mexicanismo para referirse a las películas del Santo y a las casualidades), que un verde senador del Verde -Raúl Bolaños Cacho Cué-, había propuesto ese transitorio que no aparecía en las pantallas de los senadores ni en la Gaceta del Senado. Don Zepeda estuvo varios minutos pidiendo se diera lectura a lo que se estaba votando, pero era tarde: con un transitorio de una ley secundaria se cambió lo que dispone la Constitución. ¡Fíjate qué suave!, diría Manolín el de Shilinsky.

No hace falta ser doctor en Derecho para entender que es una aberración que se pueda cambiar la Constitución desde una ley, cualquier ley, con mayoría simple del Congreso federal y sin consultar a los congresos estatales, pues así se podría cambiar todo, por ejemplo, desde un transitorio de la Ley del Servicio Postal Mexicano, quitar la última frase del artículo 83, en el que se manda que quien haya sido Presidente “en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto” (lo que cierra la puerta prolongar, alargar, extender, aplazar, diferir, postergar, prorrogar el periodo sexenal… “en ningún caso y por ningún motivo”… duele).

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema y de la Judicatura, ya aprobada esa ley con su esperpéntico transitorio 13, publicó cuál es su postura: “Ejerceré el cargo de presidente de la SCJN y del PJF por el periodo para el cual fui electo por mis pares (…)”, lo que debió aquietar las aguas, pero la gente quería mole y se le fueron al cuello por no decir lo mismo pero con mentadas de madre.

Ayer, ya vigente la ley al haber sido publicada el 7 de junio en el Diario Oficial de la Federación, el ministro Zaldívar inició una consulta extraordinaria al Pleno de la Corte sobre ese transitorio 13. Otra vez, el respetable la emprendió contra don Zaldívar, interpretando a marro que era mejor proceder por vía de la acción de inconstitucionalidad, sin entender que la consulta propuesta requiere solo del voto de la mayoría simple (seis de los once Ministros), y no calificada (ocho de los once).

El ministro Zaldívar publicó las cinco preguntas que plantea al resto de los ministros de la Suprema Corte:

  1. Ante la posible inconstitucionalidad del artículo 13 transitorio del Decreto de reformas, ¿qué determinación debe adoptar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
  2. ¿Puede el Pleno de la Suprema Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o de algunos de sus órganos, fuera de un medio de control constitucional promovido por parte legitimada?
  3. En su caso ¿Qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general? ¿Basta con la mayoría simple o se requiere una mayoría calificada de ocho votos?
  4. ¿El contenido del artículo 13 transitorio del Decreto de reformas es acorde con los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
  5. De considerarse que es inconstitucional ¿cuál sería el efecto de esta resolución en relación con la norma general en análisis, así como respecto a la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal?

Al leer con calma las preguntas se ve que todas tienen la respuesta pagada: la 1. Que se revise y declare su inconstitucionalidad; la 2. Sí, a lo pelón; la 3. Mayoría simple, como todo en lo que la Constitución no manda mayoría calificada de dos tercios; 4. No, no es acorde; 5. Declarada la inconstitucionalidad, que el Presidente de la Corte y la Judicatura y los integrantes de ella, cumplan sus periodos legales.

Es delicado porque el Presidente quiere que se apruebe y si no, le cerraría por segunda vez la puerta a su posible aspiración ‘prolongativa’ (la primera fue la del Gobernador de Baja California, que la Corte invalidó).

Prolongar o no prolongar, he ahí el dilema.

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