El diluvio: La Feria

SR. LÓPEZ

Ya sabe del tío Macro, el de Autlán de la Grana, aquél ranchero gigantón hecho a marro, del que era leyenda había matado a un toro de un puñetazo en la testuz, aunque la abuela Elena decía no era cierto, que habían sido dos; bueno, pues ella contaba de una vez que el tío tuvo una diarrea de proporciones bíblicas que lo tenía hecho una piltrafa; se vio tan mal que muy a su pesar, aceptó en ausencia del viejo doctor del pueblo, que lo viera un fino jovencito recién llegado, que decía haber estudiado Medicina en París, quien le dio un frasco con un jarabe de sabor horripilante que debía tomar a cucharadas y resultó tan eficaz que luego parecía que tío Macro iba a reventar, ya con quince días de estar absolutamente estíptico (tapado); resolvió el trance la partera del pueblo mediante un proceso manual que sería de pésimo gusto detallar. Días después, ya recuperadas dignidad y salud, tío Macro fue al consultorio del doctorcito, puso encima de su escritorio el frasco y sus manazas y mirándolo feo, murmuró arrimándole la pócima: -Todo, de un trago –unos decían que la partera fue a arreglarlo, otros que no, que se había atendido solo, pero igual, el consultorio estuvo cerrado un mes, decía la abuela divertida.

Discreparon los abogados, unos afirmaron que no había nada que impidiera ejercer acción penal y sujetar a proceso judicial al gobernante de la entidad, que fue desaforado por la Cámara de Diputados; en tanto que el asesor jurídico del gobierno de esa entidad, aseguró que librar orden de aprehensión contra el gobernante sería ilegal, pues la legislatura local no había aceptado el desafuero, por más que la Corte no hubiera otorgado la suspensión solicitada ni hubiera resuelto la controversia constitucional.

La ministra de la Suprema Corte que no otorgó la suspensión, fue Olga Sánchez Cordero y el gobernante supuestamente desaforado fue Andrés Manuel López Obrador, cuando Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

El asesor jurídico del D.F. y encargado de la controversia constitucional de la Asamblea Legislativa del D.F. contra la Cámara de Diputados federal, era el abogado Javier Quijano, quien señaló (La Jornada, edición del 15 de abril de 2005), que el órgano legislativo local era el único facultado legalmente para desaforar e inhabilitar a López Obrador como funcionario público y agregó: “Como la Asamblea Legislativa acordó que no ha lugar a retirarle la inmunidad constitucional procesal, ni a separarlo del cargo de Jefe de Gobierno, la PGR está impedida para consignarlo y ningún juez que conozca la Constitución emitiría una orden de aprehensión, porque de hacerlo incurriría en responsabilidades administrativas y penales”.

El mismo abogado Quijano dijo que el Lic. Andrés Manuel López Obrador, dejó de presentarse a desempeñar su cargo de jefe de Gobierno del D.F., “por prudencia e inteligencia política”, aunque conservaba su inmunidad procesal. Sí, su prudencia de siempre.

En esos entonces, los expertos constitucionalistas Elisur Arteaga y Clemente Valdés no coincidieron con la opinión de Quijano, afirmando que al no contar con amparo el Lic. López Obrador, podría ser detenido, aunque aceptando que estaba por resolverse la controversia constitucional ya presentada por la Asamblea Legislativa del D.F., por ser la única facultada para desaforarlo. ¡Toing! (onomatopeya de neuronas saltando contra el cráneo): no necesitaba amparo, nunca estuvo desaforado, conforme a la Constitución.

Don Elisur Arteaga añadió que era inconstitucional la separación inmediata del cargo de Jefe de Gobierno capitalino, “(…) como la Corte no otorgó la suspensión sigue en suspenso el asunto de si puede reasumir su cargo, pues aunque constitucionalmente lo sigue siendo, la autoridad ministerial puede inventarle más cargos si reasume como funcionario”. Raro sentido del humor el del Arteaga: no sabía si Andrés Manuel López Obrador podía reasumir el cargo, aceptando que constitucionalmente seguía en el cargo. De veras.

No lo ande contando pero la defensa del entonces Jefe de Gobierno del D.F., es igual a la defensa de ahora del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces el Legislativo de la capital del país no aceptó el desafuero del Jefe de Gobierno e interpuso controversia ante la Corte, alegando que conforme a la Constitución, solo la Asamblea Legislativa podía retirarle la inmunidad procesal (el ‘fuero’, como le decimos por economía de aliento).

La diferencia es que ahora sí hubo un juez de esos que don Quijano dijo que para obsequiar la orden de aprehensión, no debería conocer la Constitución. Y la otra diferencia es que se ha actualizado la probable invención de cargos, pues la orden de aprehensión no es por lo que la Cámara de Diputados federal creyó quitar el fuero al gobernante de Tamaulipas.

Advierte a usted este menda que no ha regresado de Transilvania su bola de adivino (parece que se ‘desconfiguró’), por lo que le es imposible saber en qué va a parar este despelote.

Lo que sí está claro es que no hay limitaciones topográficas ni geográficas para el fuero, la inmunidad procesal la tiene la persona, donde ande, mientras esté en el país; otra cosa muy clara es que la negra intención del senador Monreal de desaparecer los poderes de Tamaulipas va a acabar en ridículo, en primer lugar porque no tienen Morena & asociados, suficientes votos para convocar a periodo extraordinario y si lo hicieran y desaparecieran los poderes, el Gobernador sustituto lo pone el Senado, eligiendo a uno de la terna que le mande el Presidente… por mayoría calificada, dos tercios de votos, que tampoco tienen.

También está claro que la mayoría de los gobernadores deben estar mordiéndose los bigotes, observando la pertinacia política de la 4T. Mal asunto.

Luis XV, el mal rey de Francia que propició un enorme malestar y el estallido de la Revolución Francesa, fue famoso por su egolatría y ansia enfermiza de poder, y dicen que decía: “Après moi, le déluge”: “Después de mí, el diluvio”.

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