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En vísperas de la discusión del dictamen para regular el cannabis, la senadora Patricia Mercado, acompañada de la senadora Indira Kempis y organizaciones de la sociedad civil, pidió incorporar la propuesta elaborada en las mesas de trabajo realizadas por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y especialistas.
Bajo esta perspectiva, la senadora planteó que una regulación por la paz tiene que apostar por la justicia social y por cerrar brechas de desigualdad. Ello implicaría no criminalizar a personas usuarias, dar viabilidad al autocultivo, facilitar el acceso al uso medicinal y terapéutico, e incluir al sector campesino y de pequeños productores en lugar de ponerles barreras de entrada al mercado.
Se debe lograr un marco de convivencia que termine con la penalización y la política fracasada de combate a las drogas, señaló Mercado.
La legisladora comentó que despenalizar al cannabis significaría sustraerlo del ámbito penal para que pase a ser asunto de salud pública, con respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, tal como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, hizo hincapié en que el proyecto de dictamen más reciente aumentó aún más los montos de las multas y sanciones, que son desproporcionadas para personas consumidoras y que practican autocultivo, lo que podría generar la presentación de recursos frente a la legislación, llevándolo al terreno judicial nuevamente.
Por su parte, Julio Salazar, abogado de México Unido Contra la Delincuencia, comentó que el proyecto de dictamen cierra las puertas al sector campesino y privilegia a la industria extranjera.
A su vez, en nombre del colectivo Regulación por la Paz, Jorge Herrera Valderrábano dijo que las multas propuestas son impagables para las personas y las barreras de entrada para el campo son innecesarias.
En voz de José Manuel García, la Asociación de Autocultivo Medicinal en México, que representa a 3 mil pacientes, apuntó que en la más reciente versión del dictamen se quitaron las referencias al uso terapéutico y no se garantiza el acceso al autocultivo.
Por último, Pepe Rivera, representante del Movimiento Cannábico Mexicano, señaló que el debate no es de sustancias, es de derechos humanos, y para ejercer derechos no se pide autorización, por lo que consideró que el proyecto de dictamen es discriminatorio y atenta contra los derechos fundamentales.
Las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, Segunda, convocaron a reunión para la discusión del dictamen para la regulación del cannabis este 4 de marzo.
