Gobernabilidad para creer en la democracia

En mi anterior colaboración en este espacio, me permití hacer algunas reflexiones en relación con las ventajas que traería para nuestro país el establecer en la Constitución la segunda vuelta, por lo menos por lo que toca a la elección presidencial, convencido de que es indispensable propiciar en nuestro marco jurídico figuras que ayuden a la gobernabilidad democrática, tan necesaria en nuestro sistema de gobierno para resolver los enormes problemas que agobian a la sociedad.
En México, las reglas que norman el ejercicio del poder o que moldean las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, pareciera que fueron hechas para un sistema político no pluralista, muy distinto al que tenemos en nuestro país. El sistema jurídico vigente carece de mecanismos y de incentivos para la formación de mayorías legislativas que apalanquen los programas del gobierno; seguimos fallando en esa importantísima función. Constatar que las reglas e instituciones con las que hoy operamos no favorecen la gobernabilidad democrática, debería ser razón suficiente para un compromiso de los actores políticos para transformar la manera en que se ejerce el poder político, y así cambiar la percepción de que nuestra democracia es incapaz para resolver los problemas sociales.
¿Cómo podemos asegurar que los problemas y necesidades sociales tengan una pronta respuesta de la autoridad si la competencia política, parte fundamental de un sistema democrático, viene aparejada de polarización en las posiciones y, además, incentiva la no cooperación? La democracia es fundamentalmente en un sistema de gobierno en el que el poder se ejerce por un periodo limitado de tiempo. Todos sabemos que quienes hoy gobiernan, mañana pueden ser oposición, y quienes hoy son oposición, mañana pueden ser gobierno. La no cooperación se ve incentivada cuando en el fracaso del proyecto de gobierno del adversario se cifran las posibilidades propias de acceder al gobierno. A nuestro marco jurídico le urgen mecanismos que ayuden en la construcción de mayorías legislativas.
Por otra parte, no podemos dejar de lado que nuestro sistema de partidos en los últimos años es, y seguramente así seguirá siendo, sumamente fragmentado. Esto implica que por lo menos en lo que se refiere al ámbito nacional, el poder político quedará distribuido entre varias fuerzas políticas y el partido que logre obtener la Presidencia de la República, muy probablemente sólo contará con alrededor de un tercio de los integrantes del Poder Legislativo, con todas las complicaciones que esto implicará para la construcción de mayorías parlamentarias. Esto en nada ayuda a cambiar la percepción de que nuestra democracia es incapaz de resolver los problemas sociales.
En distintos foros se han hecho propuestas para hacer conciliar la democracia con la gobernabilidad. Algunas de ellas forman ya parte de nuestro marco jurídico y representaron en su momento avances importantes. Me refiero a dos de ellas: en primer lugar, la iniciativa preferente, que obliga al Poder Legislativo a discutir en un tiempo perentorio las iniciativas que con ese carácter envía el titular del Poder Ejecutivo y, en segundo lugar, a la posibilidad que tiene el Presidente de la República de formar un gobierno de coalición, con uno varios de los partidos políticos representados en el Congreso. La propuesta de la segunda vuelta va en el mismo sentido. Sería de gran apoyo en la construcción de acuerdos entre los partidos políticos.
Es responsabilidad de toda la sociedad mexicana pensar nuestro país más allá del próximo o de cualquier proceso electoral, ya que sólo así será posible anteponer el bien común a los intereses más inmediatos, por legítimos que éstos sean.

Por José González Morfín
(Abogado)
Twitter: @jglezmorfin

EL UNIVERSAL

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