Incidencia delictiva, Tuxtla Gutiérrez

JOSÉ ANTONIO MOLINA FARRO

Dice Norberto Bobbio que, “aun cuando suene políticamente incorrecto, ser pesimista es un deber civil”. En lo personal estoy lejos de documentar el pesimismo aún con este maldito virus del Coronavirus y la caída en picada de nuestra economía. Y si bien nos invade  la angustia, el duelo, la impotencia, la frustración, los daños a la salud mental de muchos mexicanos,  el miedo a la muerte que produce el COVID-19, el “síndrome de la fatiga crónica”  (Juan Ramón de la Fuente dixit) y la mayor y más profunda crisis económica de nuestro tiempo, hay visos, que más adelante comentaré, de soluciones imaginativas, preventivas y resolutivas respecto de otras graves implicaciones de la pandemia, en particular en la incidencia delictiva.

Siendo incuestionable que la prioridad central es la protección de la salud, también lo es  que en muchas regiones del país se han acrecentado los homicidios dolosos, la violencia doméstica, la violación a los derechos humanos, los daños al medio ambiente, la discriminación machista y los feminicidios.

Las crisis son oportunidades para pensar en alternativas a las formas de vivir, producir, consumir y convivir, así como en fórmulas imaginativas de política económica y de seguridad pública, que eviten un desbordamiento mayor de la violencia y la incidencia delictiva en general.  La pandemia y la brutal caída  de la economía afectan, todavía más,  los medios de vida y de subsistencia de millones de familias, especialmente de quienes ya se encuentran en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Esta emergencia excede las dificultades por las que transitamos en otras crisis profundas, y ya incide en el potencial  de desarrollo futuro, en la convivencia social, en la cohesión social y, me temo, caeteris paribus, en la seguridad pública. Lo anticipé en alguna colaboración anterior, lo hice por sentido común, y me preguntaba hasta qué punto un padre de familia sin ingresos para el sustento básico de sus hijos, madre, abuelos, hermanos que de él dependen, dejará en el desamparo por hambre a los suyos.

Chiapas es una entidad vulnerable a esta nueva realidad, la entidad más pobre del país, con fuertes asimetrías regionales, desigualdad social y exclusión, migración, conflictos intra e intercomunitarios, movimientos sociales disruptivos, escándalos de corrupción y gobiernos frívolos, ciudadanía de baja intensidad y una economía que, salvo ciertos sectores, depende de lo que haga o deje de hacer el poder público. Un aspecto central: el desarrollo es, por definición,  un fenómeno de largo plazo; no existen, como tampoco en el país, políticas de Estado, transexenales, que obliguen a conservar y mejorar lo avanzado, y sean capaces de sacarnos  de las trampas de la pobreza y del hoyo de la degradación, en muchos aspectos de nuestra vida pública. Las consecuencias de esta intempestiva disrupción económica y sanitaria, pueden prolongarse y generar efectos indeseables en la seguridad pública.

De acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas es uno de los estados más seguros del país, derivado de estrategias en la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza todos los días el mandatario estatal Rutilio Escandón. Hay que destacarlo, pues no es cosa menor. Chiapas es la entidad que ocupa el segundo lugar nacional con menor índice en la comisión de delitos, solo por debajo de Yucatán. El Fiscal General Jorge Llaven Abarca hizo un llamado  a los alcaldes para redoblar esfuerzos y focalizar estrategias para atender los delitos que más se cometen en la entidad.  Ciertamente, los municipios tienen un reto descomunal. Por ello, y basado en reportes del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema  Nacional de Seguridad Pública, quiero destacar, sin mezquindades, y al margen de filias o fobias ideológicas, el trabajo que en materia de Seguridad Pública viene realizando el edil de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. A diferencia de muchos presidentes municipales a quienes alcanzó el principio de incompetencia de Peter, después de ocupar cargos administrativos y legislativos de importancia,  el presidente municipal tuxtleco ha sabido rodearse de una nueva generación de jóvenes talentosos y muy comprometidos con las tareas de su encargo, aún más, ha favorecido un entrevero generacional donde coexisten en generosa simbiosis la enjundia y capacidad de los jóvenes con la experiencia de políticos y administradores avezados en las tareas de gobierno.

De ahí la importancia de destacar que, derivado de la estrecha coordinación interinstitucional, Tuxtla destaca hoy nacionalmente, por ocupar el quinto lugar entre las capitales del país con menor incidencia delictiva general, solamente por detrás de Mérida, Campeche, Tepic y Tlaxcala.

Figura en cuarto lugar entre las capitales con menor incidencia de delitos de alto impacto, solamente  por detrás de Mérida, Saltillo y Tepic. De enero a julio de 2020, Tuxtla redujo la incidencia delictiva general en un 52%, comparado con el mismo periodo de 2019. También se redujo la incidencia de delitos de alto impacto en un 67%, entre ellos, robo a negocios, a transeúntes y a casa habitación, los cuales tuvieron una disminución muy significativa con relación a 2019. En 2020 no se han registrado robos a transportistas, a bancos ni tampoco se han reportado secuestros.

Carlos Morales es llano y sincero, reporta que todavía hay retos importantes, como la violencia familiar, el robo de vehículos y el narcomenudeo.

Tengo para mí que un rasero para medir la calidad de las instituciones y la estatura de quienes las dirigen, es su capacidad para responder con imaginación y eficacia a situaciones excepcionales con el menor riesgo colectivo posible. Carlos Morales Vázquez está a la altura de estos tiempos inéditos.

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