El Instituto Nacional Electoral comunicó a la Suprema Corte de Justicia que no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley en materia de revocación de mandato, por lo que, interpuso una controversia constitucional en la que solicita a la Corte, que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la revocación de mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado.
En un comunicado, el INE, informó sobre el envío de la controversia, este martes, a la SCJN.
El Instituto argumenta que el recorte de los legisladores, por 4,913 millones de pesos, careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, lo que impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados.
Asegura que los diputados dejaron sin fondos al INE para cumplir con esa obligación.
En el comunicado el INE reitera que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo, como es debido, este ejercicio de participación ciudadana. Asimismo, manifiesta su confianza en las instituciones de justicia de este país y subraya que, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza.
Por: Excélsior
