Investigación de cuerpos en crematorio apunta a fraude contra deudos

 El hallazgo de 60 cadáveres en un crematorio de Acapulco, Guerrero, apunta a un hecho fraudulento donde la empresa Cremaciones del Pacífico recibía cuerpos para incinerarlos y no los quemaba, afirmó el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

Según la Fiscalía General del Estado de Guerrero ya se inició una investigación contra la empresa y su dueño, Guillermo Estua Zardain, por la posible comisión de los delitos contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, y contra las normas de inhumación y exhumación, y atentado contra los muertos, previstos por los artículos 220 y 221 del Código Penal del Estado de Guerrero y los delitos que resulten.

Una llamada anónima al C-4 de Acapulco alertó sobre los cuerpos en estado de putrefacción dentro del crematorio, ubicado  la carretera Cayaco-Puerto Marqués, en la localidad de Llano Largo, municipio de Acapulco, Guerrero.

Según Rubido, los propietarios del establecimiento recibían los cuerpos, pero no los incineraban y entregaban a sus familiares otro tipo de cenizas y el certificado de incineración.

La Fiscalía también informó que entre los 60 cuerpos encontrados existen cadáveres de mujeres, hombres y niños, que están perfectamente embalsamados, sin poder determinar su edad, los cuales están preparados para su cremación.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense y se les aplicará los estudios de antropología forense, genética, criminalística de campo, fotografía forense, medicina forense y odontología forense.

Mediante estos estudios se podrá establecer la causa legal de la muerte y así determinar mediante el cronotodiagnóstico la fecha y hora probable de su deceso.

Sobre este hecho, ayer declaraba la presidenta de la Asociación de Funerarias del Estado de Guerreo, así como los responsables de las funerarias de la ciudad de Acapulco, a efecto de que presenten los expedientes de todas las personas que enviaron al crematorio del año 2013 a la fecha, para determinar el tipo de persona, sexo, nombre y pueda realizarse la identificación y la comparación genética.

Más pesquisas

También se está solicitando que presenten los contratos celebrados entre los servicios funerarios con el crematorio, quienes manifiestan entre otras cosas, que el crematorio se encuentra cerrado desde hace un año, por quiebra o fraude hacia los deudores.

Al no haber cremado los cadáveres, se incumplieron con las normas sanitarias de carácter federal, estatal y municipal, por lo que se realizará el desglose de la indagatoria para enviarse a la autoridad federal competente para que investigue los delitos de su competencia.

El crematorio de Puerto Marqués fue instalado en 2003 por la empresa Rucsa Hornos Crematorios, con domicilio en División del Norte 2,566, colonia San Diego Churubusco, en Coyoacán, en el Distrito Federal.

Según la página de internet de la compañía, ésta se dedica a instalar hornos crematorios en todo el país, con más de 35 años de experiencia, tiempo en el cual han instalado al menos 250 equipos.

La Fiscalía guerrerense reveló que los cuerpos estaban perfectamente cremados y listos para su incineración. Algunos estaban cubiertos de cal, al parecer para minimizar el olor a carne podrida.

Dio a conocer que una de las líneas de investigación es que se trate de un fraude de los encargados de la funeraria y no un caso de violencia del crimen organizado.

Ángel Godínez, fiscal del estado, dijo que algunos cuerpos tienen al menos un año de haber fallecido.

La mayoría de los cuerpos estaban cubiertos con sábanas y parecía que fueron abandonados en el lugar antes de que la funeraria dejara de operar.

El fiscal pidió la colaboración de autoridades federales y de Interpol para localizar a Guillermo Estua Zardain, dueño del negocio Cremaciones del Pacífico.

Testimonios

“Yo vi encendido el horno y vi a mi madre ahí tendida pero nunca vi que la hayan metido”, dijo a la AFP David Jaimes, quien contrató los servicios de Cremaciones del Pacífico hace nueve meses.

“Con mis hermanos hicimos memoria y nos acordamos que el señor que estaba ahí nos decía ‘si quieren, váyanse porque es peligroso este lugar’, y nos retiramos. Pero jamás vimos que haya entrado el cuerpo. Esa es la incertidumbre que hoy nos embarga”, afirmó Jaimes.

Karina García también se presentó afligida al lugar, ubivado en las afueras de Acapulco,  por las dudas de si su padre fue o no incinerado por la empresa, a la que dice que pagó entre seis mil y siete mil pesos en diciembre de 2013.

“Es la inquietud que uno tiene como familiar de ver si (entre los cadáveres hallados) están nuestros familiares”, aseguró.

vía Excélsior

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