19 de marzo de 2024

La Feria: Con eso no se juega

Sr. López

Le comentaba ayer que para los EUA, Chiapas tiene gran importancia geoestratégica, por ser el regulador natural de la migración de Centroamérica (y otras regiones). Y ayer en la Ciudad de Guatemala, fue la reunión de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, con la representación de Guatemala, El Salvador, Honduras y México, para debatir la crisis migratoria en la región.

Acudieron entre otros, los cancilleres de los cuatro países que soltaron en público frases de circunstancia reprochando la tolerancia cero del Trump (y la separación de familias), para manifestar a renglón seguido, su satisfacción por la reunión (“diálogo franco y abierto sobre temas de interés regional en materia migratoria”… ha de ser, muy franco).

Viene de lejos esto de que los yanquis quieren meter orden en la migración de Centroamérica rumbo a su país, pasando por México, al que le toca la responsabilidad principal en la regulación de esa hemorragia de humanos que no se detiene.

El antecedente más directo es la firma de la fracasada Iniciativa Mérida, en diciembre de 2008, para coordinarnos con los EUA y Centroamérica en el combate al narcotráfico, que otorgó a México el privilegio de recibir una limosna en dinero y equipos viejos de transporte, a cambio de abrir el país a las policías y cuerpos de inteligencia yanquis.

Así las cosas y a la vista de los resultados del todo contrarios a los objeticos de la Iniciativa Mérida, han seguido las reuniones de alto nivel: el 23 de febrero del año pasado, en la Ciudad de México, se reunieron nuestro Canciller, don Videgaray, con Rex Tillerson, quien era el jefe de Departamento de Estado de los EUA y el entonces secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, general John Kelly (hoy Jefe de Gabinete del tal Trump). El compromiso asumido por México fue “mantener la ley y el orden a lo largo de la frontera que comparten, pero además a limitar la migración irregular desde la frontera sur del país (…) reducir la violencia y estimular las oportunidades económicas en la región”.

Ese señor Kelly fue el que declaró al Senado de su país, en marzo de 2015: “(…) la seguridad de Estados Unidos no comienza en la frontera con México, sino a 2 mil 500 kilómetros al sur del Río Bravo, en las selvas de América Latina, el istmo centroamericano y la frontera de México con Guatemala”. Y añadió que el gobierno mexicano había desarrollado una estrategia fronteriza en el sur, con una defensa en capas. Clarito, pues: el gobierno mexicano, defensa de la seguridad interna de los EUA.

En abril de 2017, del 23 al 25 de abril en Cancun, fue la V Conferencia de Seguridad en Centroamérica (CENTSEC), para “reforzar” el papel de nuestras fuerzas armadas respecto del flujo migratorio de Centroamérica, en beneficio de los intereses yanquis, proyecto geopolítico en el que México, en resumidas cuentas, asume el papel de sustituir a los EUA en el trabajo sucio: acá, en nuestra frontera sur, las corretizas, los detenidos y los balazos; allá, el trabajo fino de contenerlos en su frontera, detenerlos y regresarlos, pero ya menos, se entiende la ventaja.

También en febrero del año pasado, en Tapachula, se reunieron la Generala jefa del Comando Norte de Estados Unidos, el General jefe del Comando Sur, y la Embajadora, Roberta Jacobson, con funcionarios mexicanos para tratar el mismo asunto; reunión de la que doña Jacobson informó a su Senado el 6 de abril del 2017, que se “(…) fortalecerá el liderazgo regional de las fuerzas armadas mexicanas en América Central”. Más claro no canta un gallo. México actúa de parte de los yanquis con tufo de intervencionismo en Centroamérica. El tío Sam sacando las castañas con la mano del gato… México.

A ese fin (contener la migración que sube del sur), el gobierno yanqui tiene carta blanca para operar en nuestro territorio con personal (armado), del Buró Federal de Investigación (FBI); la Agencia antidrogas (DEA); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos; la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional y la Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal. Chulito.  Pásele míster, ¡ancha es Castilla!

¿Qué lógica tiene la asignación de la responsabilidad directa de México en el tema?… bueno, primero, compare las dimensiones de los países que conforman el “Triángulo Norte de Centroamérica” y México:

Guatemala, 108,889 km²; población, 17 millones 400 mil habitantes; PIB en dólares, 218,661 millones, en 2017 (economía número 69 del mundo).

El Salvador, 21,041 km²; población, 7 millones 500 mil habitantes; PIB en dólares,  28,776 millones, en 2018 (economía número 102 del mundo).

Honduras, 112 492 km²; población, 9 millones 150 mil habitantes; PIB en dólares, 20 mil millones, estimado (economía número 106 del mundo).

México, 1’964,375 km²; población, 123 millones 982 mil habitantes (estimado para 2018); PIB en dólares, 1’050,000 millones estimado en 2018 (economía número 14 del mundo).

Números gruesos: México por extensión, es 18 veces Guatemala; 93 veces El Salvador; 17 veces Honduras. México por población es siete veces Guatemala; 16 veces El Salvador; trece veces Honduras. La economía de México es casi 5 veces la de Guatemala; 36 veces la del Salvador; y 52 veces la de Honduras.

El estado designado para contener la migración ilegal es Chiapas con el cinturón del Istmo de Tehuantepec, para ahogarla. El gobierno federal tiene tareas que medio cumple (presupuesto, infraestructura); al gobierno estatal toca la gobernabilidad de la entidad, administrar los recursos y propiciar (no estorbar) el desarrollo agroindustrial de Chiapas. No admiten los yanquis otro sexenio esperando: no entienden por qué la tolerancia federal. Quedaron como gato escaldado y ya no admiten excusas, es su seguridad y con eso no se juega.

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