La Feria: El jicamero de la esquina

Sr. López

Tío Mario y tía Lucha, fueron el único caso de divorcio del lado materno-toluqueño, de este menda. En aquellos tiempos -años 30 del siglo pasado-, fue un escandalazo. Tía Lucha, que era una santa, las pasó canutas el resto de sus días, portando en la frente la letra “D” de divorciada, equivalente en esa aciaga época, a “P” de ya sabe qué. Terrible. Después de beberse su llanto durante décadas, recuperó el respeto y cariño de sus hijos, ya viejita. Grave. Aparte corría el rumor de que cuando eso, el abuelo Armando había retado a duelo a pistola, a pie firme, al tío Mario -su primo hermano-, cosa que no aceptó el otro porque el abuelo en esas cosas no se andaba con bromas, que tuvo -confirmados-, dos duelos en un bosquecillo cercano a las faldas del Nevado de Toluca (ya estaba  penado desde 1931, en el Código Penal Federal: “Si el homicidio se comete en duelo, se aplicará a su autor de dos a ocho años de prisión”); y habiendo quedado fiambres los dos confirmados, él no fue a la cárcel por dos razones: era amigo de los gobernadores del Estado y sabían de cierto que corrían el riesgo de ser retados a su vez (y don Armando era militar, estuvo en la Revolución, no le temblaba el pulso y donde ponía el ojo ponía la bala). Ya grandecito el del teclado preguntó al abuelo sobre esto y dijo sin bajar su periódico: -Ese -ni su nombre decía-, botó a Lucha porque alguien le dijo que no le era fiel, y en lugar de batirse con el calumniador, prefirió divorciarse: canalla y cobarde –ya fallecido el abuelo, pasadito de 90 años -no es sano vivir tanto-, supo este López que a tía Lucha siempre la mantuvo él.

Historias de antes, pensará usted. Pues no. Ayer lunes en las primeras planas de la prensa nacional, se papaloteó: “Policía Federal detecta corrupción por 17 mmdp en NAIM”.

La generalidad se queda con eso: en la construcción del aeropuerto en Texcoco había corrupción. Especie que ratifica el “balazo” (el subtítulo o como lo quiera llamar): “La Policía Federal detecta presunta corrupción en compra de materiales, que involucraría a varios ex funcionarios”. O sea: ¡AMLO tenía razón!

Pues quién sabe, en primer lugar porque en el cuerpo de la nota, que casi nadie lee (reporte de Diana Lastiri, El Universal, 07/01/2019; 03:23 horas), se informa: que el informe rendido por la Policía Federal, deriva de la “investigación iniciada en enero de 2018, por el OIC, Órgano Interno de Control del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México -GACM-, cuando el director del GACM era Federico Patiño, quien declaró que él no ordenó la investigación, que recibió el informe SIN firma y por conducto de su secretario particular se lo remitió al OIC, (para) “que se hiciera la investigación y el análisis que correspondía”; o sea, en pleno tiempo del gobierno federal anterior. Ok.

Curiosamente es hasta el 12 de noviembre pasado, ya estando en funciones el nuevo director del GACM, Gerardo Ferrando Bravo, que la Policía Federal emitió su informe (PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018), “cuyas conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR)”; involucra a un exdirector General de Obra del NAIM, y a un exdirector General de Administración de GACM (…) y señalan la necesidad de investigar los bienes de otros señores. Se envió copia del informe de la Policía Federal “al entonces Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, quien confirmó a EL UNIVERSAL que lo recibió y ordenó dar vista a la PGR”. Muchas metidas de pata.

Hay más detalles que aparentemente involucran a esos funcionarios en el “desvío” (antes se llamaba robar), y delincuencia organizada. ¡Acabáramos!

Sin embargo, parece por el contenido de la misma nota, que todo es un petardazo. No hay (aparentemente), sustancia en la acusación… y aunque todo fuera cierto: ¿de cuándo acá la Policía Federal audita obras?… sí, las dependencias, entidades y servidores públicos, solo pueden hacer aquello para lo que los faculte explícitamente la ley y la Policía Federal incurrió, si es que incurrió, en un ilícito al ponerse a auditar una obra.

La Ley de la Policía Federal dice en su artículo 2 que sus objetivos son: “salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; prevenir la comisión de los delitos, e; investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables”. En ningún lado dice que sustituye a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, ni que puede auditar obras en ejecución. Su propósito exclusivo es el de evitar la comisión de delitos y -por supuesto- (artículo 8, fracción XII): “Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito para, en su caso, remitirla al Ministerio Público”. Ojo: única cosa que debió hacer.

No se entiende que el supuesto informe sea de la Policía Federal, que lo hayan recibido en enero (SIN firma), se hayan aplicado a revisar (sin facultades), y se hayan esperado a noviembre para dar parte a un manojo de dependencias, cuando lo único que debían hacer, de inmediato, era dar parte al Ministerio Público. Menos se entiende que sea noticia el 7 de enero de 2019.

Si la intención es política, para reforzar la decisión de suspender los trabajos en Texcoco, es mala estrategia, y pondría a la Policía federal en falta, por andar de metiches en temas para los que carecen de facultades y capacidad (y encima lentos).

Y si todo fuera cierto, en una obra de 13 mil millones de dólares (más o menos 260 mil millones de pesos), un hallazgo del 6.54% (por verificar), es una vacilada. Y además, diría el gran Juan (él sabe quién): no se van a enfrentar contra el jicamero de la esquina.

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