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Tapachula.- De gira por Chiapas, el morenista, Alejandro Rojas Díaz Durán, afirmó que la recién aprobada «ley garrote» en el Congreso del Estado de Tabasco, es inconstitucional y violatoria de los derechos políticos y humanos.
El suplente del senador, Ricardo Monreal, expresó que los Diputados de Morena no debieron votarla y, mucho menos, debió apoyarla la secretaria General en funciones de Presidenta, Yeidckol Polevnsky.
Va en sentido opuesto de los principios fundacionales del Estado mexicano y de la esencia de Morena.
Es ir en contra de nuestra propia historia. Es un paso al pasado sombrío del México que tan bien describiera Octavio Paz respecto al Estado mexicano de las tristes épocas represivas: no nos vayan a llevar a ser una nueva versión grotesca del «ogro filantrópico».
Esta ley, dijo, es absolutamente contraria a los principios democráticos y progresistas que definen las luchas del pueblo mexicano. Sin estas no hubiera caído la dictadura porfirista, aún y cuando también era legal la represión de la movilización social.
Esta «ley garrote», como se ha denominado a la reforma al Código Penal de Tabasco, es una ley tan absurda como represora, a tal grado que para el Estado de Tabasco se penaliza con más años de prisión protestar contra una obra pública, que por una violación o un homicidio, dijo Rojas Díaz Durán, quien busca la dirigencia nacional de Morena.
Es una señal ominosa y sombría que ya traspasó la garantía constitucional que protege las libertades públicas y los derechos políticos de los tabasqueños y/o mexicanos que desean protestar.
El diálogo, la tolerancia y el respeto a las libertades y los derechos políticos, en un Estado de Derecho, son los principios esenciales que deben regir la actuación del Estado mexicano.
Criminalizar las protestas con ésta visión represiva y autoritaria, es un precedente funesto y es todo lo contrario a lo que hemos venido defendiendo y nosotros mismos –que gracias a al ejercicio pleno de esas garantías constitucionales– hemos venido protestando y avanzando por décadas y siempre hemos rechazado cualquier signo represivo de la protesta pública, política y social.
Entiendo la legítima preocupación y recelo de los Gobiernos Federal y Estatal, respecto a quiénes puedan encabezar manifestaciones y detener, posponer y afectar el desarrollo de las obras públicas que están por iniciarse en esa entidad, concretamente la construcción de la refinería Dos Bocas, en la entidad sureña de México, indicó en un amplio comunicado.
