La SCJN no aprueba sindicato de policías; respaldan a la SSP-Tlaxcala

 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por validar una ley que permite la remoción de los integrantes de las instituciones policiacas si se asocian, forman parte o intervienen en sindicatos o agrupaciones, sea para reclamar sus derechos o para presionar a los mandos en relación con cuestiones de servicio o prestaciones.

Así, por mayoría de nueve votos, el pleno del máximo tribunal del país desechó este jueves el proyecto presentado por el ministro José Ramón Cossío, quien proponía declarar la inconstitucionalidad de una fracción de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la cual establece como causal de despido el acudir a este tipo de asociación gremial.

“Me parece que éstas son personas que laboran para el Estado y mantienen con el Estado una relación laboral; creo que el entendimiento que debemos tener de los derechos humanos de las personas que trabajan es, precisamente, el de que tienen derechos laborales”, postuló Cossío.

Sin embargo, la mayoría de ministros consideró que si bien la Convención Interamericana de Derechos Humanos no excluye a los cuerpos de seguridad de poder asociarse para exigir sus derechos laborales, se permite a los Estados crear regímenes especiales para estos cuerpos.

“Nuestro propio sistema constitucional establece un régimen de excepción para este tipo de cuerpos de seguridad, y en esa medida me parece que al establecer el propio texto constitucional este régimen especial, lo saca del contexto de una relación laboral, una relación de trabajo de las que están evidentemente previstas, reguladas y cuyos derechos están reconocidos expresamente en el mismo artículo 123 en su apartado B”, expuso el ministro Jorge Pardo Rebolledo.

Incluso, él mismo sostuvo que la esencia de la función de los cuerpos policiacos de los agentes del Ministerio Público, de los custodios en las prisiones, son muy particulares y peculiares, pues en algunos de ellos su labor cotidiana implica un riesgo de su vida y de su salud.

“Para mí, sería imaginarme que constitucionalmente estuviera permitido un derecho de huelga o un derecho de paro para este tipo de cuerpos policiales, insisto: custodios de prisiones, ministerios públicos, que pues incluso algunos de ellos en el desempeño de sus funciones, tienen que estar armados, y una manifestación de este tipo bajo esas circunstancias con trabajadores que tienen estas funciones tan delicadas y tan trascendentes para el orden público.

“Creo yo que el sustento constitucional mira, precisamente, a estas características y por ello es que establece un régimen de excepción”, consideró Pardo Rebolledo.

Al rechazarse el proyecto planteado por José Ramón Cossío y respaldado por el ministro Arturo Zaldívar, el pleno de la Suprema Corte devolvió el asunto para que sea reelaborado por otro de los ministros en el sentido que expresó la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte.

Régimen de excepción

  • El artículo 123 en su fracción XIII del apartado B, dice textualmente que “los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal de Servicio Exterior, se regirán por sus propias leyes”.
  • En junio de 2011, la Segunda Sala de la misma SCJN excluyó a los policías de los beneficios de la Ley Federal del Trabajo, al establecer que no podía usarse ésta como criterio para determinar la indemnización si los agentes eran dados de baja.
  • La SCJN, en la jurisprudencia P./J.24/95, de 1995, falló que “policías municipales y judiciales (…) su relación jurídica es de naturaleza administrativa”.

CRITERIOS POLÍTICOS, NO JURÍDICOS: EXPERTOS

A pesar de que los policías son servidores públicos, no se les permite sindicalizarse o exigir derechos laborales como a otros trabajadores del Estado y, a decir de especialistas, esto obedece a criterios políticos y no jurídicos.

Según el doctor Enrique Larios, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, lo que la Corte hizo ayer, al analizar el impedimento para conformar sindicatos policiales en Tlaxcala, fue ratificar un criterio de carácter político.

“Es decir, no queremos tener sindicatos de policías, no queremos que la policía se mueva y esto trae como consecuencia que tengamos pésimos policías, pues no tienen prestaciones dignas y, mucho menos, representatividad”.

Expuso que este tipo de pensamiento se tiene en casi todo el continente, pues “el criterio que se tiene es que al policía no hay que darle esa oportunidad, el otro criterio en otras partes del mundo es que el policía se puede sindicalizar y negocian sus condiciones de trabajow.

“Hay grupos de policías aquí en México que negocian sus condiciones de trabajo aun cuando no tienen sindicato. En nuestro país se le da mucho poder al jefe de los policías; es necesario hacer una reflexión pues los policías necesitan condiciones laborales dignas”.

El académico detalló que en la presidencia de Ernesto Zedillo se modificó la Carta Magna para establecer que ya no podrían ser reinstalados los policías u otros servidores públicos y lo máximo que alcanzan es una indemnización.

De acuerdo con el abogado laboral Jorge Vargas, el artículo 123 debe entenderse que entre el Estado y los policías y militares no hay una relación laboral, sino una “relación administrativa”, lo cual conduce a la inexistencia de todo derecho de tipo laboral.

Considera necesario modificar la Constitución para dotarlos de un régimen laboral que atienda y resuelva suficientemente su condición social.

 Por: Excélsior

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