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El Senado de la República solicitó a los titulares del Ejecutivo Federal y de las 32 entidades federativas que fortalezcan las medidas de protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa en todo el país.
También pidió a las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que realicen las investigaciones para aclarar los homicidios y agresiones en contra de los siguientes comunicadores:
Maximino Rodríguez, Rafael Murúa Manríquez, Martín Valtierra García, Jesús Ramos Rodríguez, Mario Leonel Gómez Sánchez y Montserrat Ortiz.
Los senadores hicieron un llamado para que se repare el daño, se adopten las medidas cautelares y de protección necesarias para las víctimas directas e indirectas de estos lamentables delitos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, advirtió que la violencia en contra los comunicadores se ha incrementado de manera alarmante en México.
En el dictamen aprobado también se destaca que de julio de 2010 a marzo de 2019, mil 18 comunicadores fueron agredidos.
En otro dictamen, los senadores exhortaron a la Secretaría de Gobernación a que les informe, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, las acciones y políticas implementadas para salvaguardar la vida, salud e integridad de los indígenas tzotziles, víctimas de desplazamiento interno forzado en las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.
La exposición de motivos explica que, derivado del reconocimiento y división de los terrenos que conforman estos municipios, se han generado una serie de altercados que han puesto en peligro la vida y la integridad de pueblos y comunidades indígenas de dicha región.
El texto indica que, a pesar de los numerosos juicios e intervenciones de distintas autoridades, las comunidades continúan siendo víctimas, padeciendo las consecuencias de desplazamientos forzados, intimidación, agresiones y condiciones que ponen en peligro su integridad.
Como consecuencia, informa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en febrero del 2018 la Medida Cautelar no. 882-17, con relación a la situación de vulnerabilidad en dichas comunidades.
Debido a que los hechos recientes son de gravedad y representan alto riesgo y urgencia, se indica, la CIDH urgió al Estado Mexicano a adoptar todas las medidas y políticas de seguridad necesarias para proteger la vida, salud e integridad personal de las y los indígenas tzotziles, con el objetivo de prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia.
