No se hagan bolas, son corruptos

Miguel Pulido Jiménez
(Analista político)

Al calor de los eventos recientes, las discusiones políticas están por todas partes. Paradojas. La crisis de la política y la efervescencia de una actitud antipolíticos han hecho resurgir el diálogo politizado. En uno de ellos, y después de provocarlo un poco, un taxista —de nombre Raúl— me dijo la semana pasada “puede ser que Peña Nieto no sea un ratero o no haya roto la ley, pero es un corrupto”.
La afirmación me recordó a Lawrence Lessig, un profesor de Harvard que redefine la corrupción y cuestiona la relación dinero y política (distracting and distorting dependency corruption es su concepto). Me acordé también de la brillante explicación de la formalidad legal como campo en disputa de Teubner y Bourdeiu, y de la función ideológica del derecho. Pero lo realmente importante es que me sentí tan identificado con la explicación de Raúl, que la hice mía. Me la apropié por su pertinencia y contundencia, más que por su erudición.
Explico por qué. Partamos por reconocer que en nuestro país existe una fórmula infalible para abusar impunemente del erario y las posiciones de poder: la legalidad. Los mexicanos escribimos todos los días un manual del despilfarro y dilapidamos los recursos públicos con estricto apego a la ley. Las adquisiciones más absurdas, los gastos más irracionales y las componendas más inaceptables se pueden dar, sin ningún problema, respetando el marco legal con precisión milimétrica. Hay toneladas de evidencia en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, las evaluaciones del Coneval o en estudios independientes.
Cuando se cruza con la política, la legalidad no es sólo una convicción o un principio rector, también es un recurso maleable a disposición de diversos intereses. Como en la famosa alegoría del cuchillo, que lo mismo sirve para picar cebolla que para matar a mansalva, la legalidad puede ser el vehículo perfecto para el abuso o para que sucedan las injusticias más irritantes. Pero la legalidad también es una cortina de humo. En un descuido, con ella se busca justificar conductas poco aceptables o acciones cuestionables (por no decir reprobables).
Y eso, me parece, es el punto central de la polémica reciente sobre el conflicto de interés del Presidente y su gabinete. La idea de corrupción no se restringe a una acción castigable por el derecho penal. Eso es un delito. Como conducta, la corrupción es una alteración, un vicio o un abuso. Y los vicios son defectos, fallas de calidad o excesos. Sin regateos, yo encuentro estas tres características en la forma en la que se relacionan el Presidente de la República y el secretario de Hacienda con contratistas del gobierno y la forma en la que informan sobre sus bienes. Para mí son alteraciones, vicios y abusos, por más que reciten que actuaron dentro y conforme a la ley.
No me malentienda. No creo que se trate de apologías a la ilegalidad ni llamados a desconocer la importancia de las leyes y el derecho. Tampoco entiendo el denunciar la corrupción o señalarla como inaceptable como un asunto de supremacía moral. No invito al facilísimo pero poco constructivo “ellos y nosotros”. Se trata de cuestionar la legalidad cuando es discurso puro (o puro discurso). Uno que, además, suele ser contradictorio y maniqueo.
De ahí que yo —por las razones ya dichas— estoy totalmente de acuerdo con Raúl. Y agrego, en esa situación está no sólo el presidente Peña Nieto, sino muchas personas de la clase política y otras tantas que se desempeñan en el servicio público. No se hagan bolas, podrán actuar dentro de la legalidad, pero no pueden negar que son corruptos.

vía EL UNIVERSAL

 

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