Peña Nieto, corte de caja

En 2012, los ciudadanos votaron por Peña Nieto porque querían eficacia en el gobierno, un país en paz y sin corrupción. Para ellos era una garantía que ante notario público suscribiera 266 compromisos concretos además de que, ya como Presidente, se comprometiera con un decálogo de acciones. Por lo cual ahora que se acerca la mitad del sexenio y en medio de destapes de quienes buscan relevarlo, es necesario hacer un corte de caja para identificar en qué sí y en qué aún no cumple su gobierno.
De entrada tenemos que reconocer que en el Pacto por México, se lograron importantes reformas que cambian la política mexicana. Reformas que lo colocaron como un político de vanguardia a nivel internacional. Sin embargo el gran reto que ahora tiene es mayor, ya que tendrá que implementarlas todas, porque legislar es importante pero gobernar, que es lo que a él le toca, significa traducirlas en políticas públicas exitosas.
Junto a este gran reto a tres años de gestión, el Presidente nos queda a deber en seguridad pública. Aún existen regiones dominadas por la delincuencia como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz en donde el miedo a ser víctima es una constante a pesar de que las cifras oficiales insistan en que estamos mejor que hace 10 años.
Más allá de las debatibles sumas y restas que implica analizar las tasas delictivas, los círculos viciosos de las mediciones impiden analizar la realidad con mayor precisión y para tener otra visión es necesario hacer uso de instrumentos como la medición de la cifra negra que hace la Envipe 2014, que claramente nos indica que se alcanzó una tasa del 93.8%, lo que significa que 7 de cada 100 delitos se investigan.
Es evidente que el miedo y la escasa eficacia institucional para atender a las víctimas orilla al ciudadano a no denunciar e incluso llegar a la autodefensa. Esto difícilmente cambiará mientras nuestras autoridades sigan cómodas en la política del avestruz para dejar de ver lo que ocurre alrededor y se conformen sólo con denuncias que salen a la luz pública y que les son políticamente manejables.
Como ciudadanos nos preocupa que el Decálogo por la Paz, anunciado tras los acontecimientos de Iguala, siga en puntos suspensivos. A la fecha, pareciera que atender la justicia cotidiana se quedó a nivel discursivo; que el proyecto económico para tierra caliente quebró; que el derecho a una Clave de Identidad está detenido al igual que la discusión del Mando Único policial y; que su compromiso de bajar la corrupción quedó opacado por el tema de las casas y la impunidad en la que queda todo escándalo de conflicto de interés y sin que nadie reciba un castigo.
Además tendrá que reconocer que no logró algunas reformas como la de disminuir de 500 a 400 el número Diputados Federales, crecer al 6% anual; hacer de México una potencia energética y que está en veremos su apuesta de ferrocarriles, la competencia del sector de telecomunicaciones, entre otras tantas.
En descargo a sus responsabilidades es justo señalar que al Presidente le falta apoyo de los gobernadores. Una buena cantidad de delitos que afectan a los ciudadanos son del fuero común y en los estados aún falta mucho para profesionalizar a sus policías, fortalecer sus instituciones de procuración de justicia y garantizar justicia a los ciudadanos.
Finalmente en este corte de caja, me parece que tenemos que reconocerle al Presidente las reformas logradas pero que tenemos que exigirle que cumpla lo que hace falta. Ojalá el oficio político que nos ofreció Peña Nieto al inicio de su gestión vuelva a relucir. Le faltan tres años para concretar las reformas, fortalecer las instituciones y trascender, al tiempo.

Por María Elena Morera
(Presidenta de Causa en Común)
Twitter: @MaElenaMorera

EL UNIVERSAL

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