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En el Senado de la República se plantea reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, a fin de que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) esté facultada para intervenir como defensor público en los procesos penales relacionados con los delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación
Minerva Hernández Ramos, senadora del PAN, argumentó que la PRODECON debe actuar en los casos en que estén involucrados pequeños contribuyentes, cuyos delitos fiscales no excedan de 925 mil pesos.
La Procuraduría, dijo, debe asistirles desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, en términos de lo establecido por el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues muchos están vulnerables ante el endurecimiento de las penas por los delitos fiscales.
Por ejemplo, dijo, desde el año pasado se endurecieron las reglas para sancionar a los evasores fiscales y a quienes se aprovechan de esquemas ilegales para defraudar al fisco Federal.
Ahora pueden ser considerados como delincuentes organizados y ameritar prisión preventiva oficiosa por ser una amenaza a la seguridad nacional.
Sin embargo, los contribuyentes pueden ser considerados como delincuentes fiscales incluso por la cantidad de un centavo o de un peso.
Hay que recordar que, para el Código fiscal, lo mismo se castiga con pena de prisión a quien defraude no importando la cantidad.
Esta situación, señaló, deja en un evidente estado de vulnerabilidad a todos aquellos contribuyentes que no pueden costear una defensa técnica adecuada, máxime cuando tratándose de los delitos fiscales estos son diferentes de cualquier otro delito del orden común de contenido patrimonial como serían los casos de robo o fraude, pues se requieren conocimientos especializados y técnicos en materia financiera, contable y fiscal.
Hernández Ramos aseveró que incluso el Código Fiscal llega al extremo de establecer un margen de punibilidad mayor cuando no se conoce la cuantía del monto defraudado, caso en que la pena estará entre tres meses y seis años de prisión, que cuando es menor al millón de pesos porque en ese caso corresponde de tres meses a dos años.
Esto muestra el grado de vulnerabilidad que tiene el pequeño contribuyente ante una acusación en materia de delitos fiscales que puede tornarse más grave si carece de los medios para costear una defensa especializada, comentó.
Por ello, subrayó, se requiere de un contrapeso institucional en beneficio de la ciudadanía frente al ejercicio de la acción penal en delitos fiscales.
Con esta reforma, puntualizó se podrá garantizar que los contribuyentes reciban justicia en materia fiscal, aún tratándose de delitos fiscales.
