Policía: ¿de qué está hecho el problema?

Ernesto López Portillo
Presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia

Durante enero el Senado de la República y los grupos parlamentarios ahí representados organizaron audiencias para escuchar opiniones diversas en torno al decálogo del presidente Enrique Peña y la iniciativa de reforma constitucional que le siguió.
Agradezco y celebro la oportunidad de haber participado en los debates, a nombre de Insyde. Si bien desde diciembre pasado el instituto ya se había pronunciado al respecto (http://insyde.org.mx/portfolio/
pronunciamiento-sobre-la-iniciativa-
presidencial-de-reforma-en-seguridad-y-justicia/), ahora fue posible tejer deliberaciones profundas, en particular al tenor de la propuesta de constituir policías estatales únicas y desaparecer la atribución policial municipal. El Senado podría votar la propuesta durante este mismo mes de febrero. Acaso las siguientes líneas pueden seguir abonando a las consideraciones de los legisladores.
En este tema, como en cualquier otro, uno puede buscar acumular argumentos para construir una idea o bien puede hacerlo para defender una idea preconcebida. Imposible medir el ánimo de cada legislador, pero seguramente se combinan ambas aproximaciones; los hay quienes defienden o atacan la propuesta del Presidente porque es la propuesta del Presidente y los hay quienes han venido construyendo una postura mediante filtros de racionalidad basados en el análisis de la información disponible. Desde Insyde hemos apelado a la segunda aproximación justamente porque creemos que el cimiento de la crisis crónica de la policía en México es su manipulación política. Desde tal óptica, alertamos sobre el enorme riesgo que implica la posibilidad de que el dictamen final del Senado sea más el saldo de una correlación de poderes y menos el de una confrontación de saberes. El riesgo es alto porque en nuestro medio domina la concepción política de la policía como un brazo armado de control social. Mandos policiales leales en términos políticos y a cambio beneficiados con amplios márgenes de autogobierno e impunidad, es el sino del paradigma policial que el régimen político engendró. En otros términos, la fractura policial es hija de la fractura política. La policía es, ante todo, un producto político y el afluente desde donde se nutre el camino que ella habrá de recorrer es precisamente la decisión política.
Por eso en las audiencias reiteramos la relevancia de preguntarnos sobre el estado actual de la policía en México, no tanto a partir de su diseño normativo, como de su dimensión política. Y desde esta mirada propusimos colocar en el centro del diagnóstico al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Consejo que lo gobierna, integrado por los gobernadores y el Ejecutivo Federal, precisamente porque es ahí donde se ha colocado la decisión política superior en seguridad pública y policía durante las últimas dos décadas. Entonces dijimos a los senadores que, si bien sabemos que el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha tomado todas sus decisiones por unanimidad, también sabemos que esas decisiones no han sido sometidas a un ejercicio de rendición de cuentas que justifique y a la vez responda por la relación entre las mismas y el estado actual de la policía a lo largo del país.
Bajo esta mirada, de cara a la propuesta del presidente Peña, la pregunta de fondo es si nuestra crisis policial pasa más por un déficit normativo que, en consecuencia, debe saldarse precisamente mediante reformas legales, o si más bien el trasfondo del problema va mucho más allá y se soporta en lo que el experto argentino Marcelo Saín ha denominado el desgobierno político de la seguridad. Si el Senado no alcanza a responder esto, me temo que no habrá reforma constitucional y legal que por sí misma alcance para poner a la policía del lado de los ciudadanos.

vía EL UNIVERSAL

 

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