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Toluca, Edomex.- La magistrada de la Sala Superiordel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Otálora Mallaseis, afirmó que una forma de eliminar la discriminación y pobreza que sufren los pueblos y comunidades indígenas, así como luchar contra la violencia y particularmente contra las mujeres indígenas, es haciendo efectivos los derechos políticos y que estos se vean reflejados en tener voz y voto en los órganos donde hay toma de decisiones.
Lo anterior, lo expresó en el foro internacional Democracia efectiva: Participación política de los pueblos y comunidades indígenas en América, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebró el pasado 9 de agosto.
La magistrada Janine Otálora también señaló que particularmente México (tercer país con mayor población indígena en Latinoamérica) tiene una gran deuda con las comunidades y pueblos indígenas, que han enfrentado durante generaciones grandes discriminaciones por parte del Estado y de la sociedad; por ello, consideró urgente saldar esa deuda y garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
A su vez, la magistrada Marcela Fernández Domínguez, presidenta de la Sala Regional Tolucadel TEPJF, señaló que las autoridades deben valorar y velar por que los pueblos y comunidades indígenas conserven sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, y encontrar las medidas necesarias para asegurar sus derechos y su identidad cultural.
La titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Marina Martha López Santiago, señaló en su oportunidad que este encuentro debe servir para tener claridad sobre cuáles son los obstáculos comunes a los que se enfrentan las personas indígenas que desean participar políticamente en los procesos electorales y con ello definir las estrategias o medidas que deban ser implementadas.
Manifestó que, para la Defensoría, este foro es una gran oportunidad para retroalimentar su trabajo, ya que su quehacer diario tiene como objetivo que los pueblos y comunidades indígenas, así como sus integrantes, ejerzan de forma efectiva sus derechos de acceso a la justicia ante tribunales electorales.
