Presupuesto 2017: el precio de petróleo marca la diferencia

La euforia de los altos precios y elevada producción de petróleo ya son parte del pasado de los presupuestos del gobierno federal. Así lo muestra el paquete económico para 2017 que acaba de enviar el presidente Peña Nieto al Congreso de la Unión. Desde 2015, la caída en la producción y las menores cotizaciones del petróleo han obligado a la administración pública federal a recortar el gasto y a incrementar los ingresos. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2017 pretende regresar a México a la cruda realidad con lo que los ajustes al gasto estarán a la orden del día.
En pocas palabras, los altos precios de petróleo que se observaron desde 2007 hasta 2014, que son ingresos no recurrentes y de gran volatilidad, se utilizaron para financiar una expansión de gasto público recurrente en transferencias, principalmente gasto estéril. Más aún, la expansión fue de tal magnitud que no bastaron los altos precios de petróleo, sino que se recurrió a incrementar el endeudamiento público tanto externo como interno.
De 2011 a 2012 el precio del petróleo de la Mezcla Mexicana del Petróleo (MMP) promedió 101.4 dólares por barril (dpb); de 2013 a 2014 promedió 92.95 dpb, y en 2015 y lo que va de 2016 el promedio llega a 38.3 dpb. Por si la disminución del precio no fuera suficiente, la producción de petróleo también ha descendido: de un máximo de casi 3.4 millones de barriles diarios (mdbd) extraídos en 2004; en 2012 el volumen terminó en 2.5 mbd y en 2016 ya va en 2.2 mbd.
Estos decrementos en precios y producción se han traducido en pérdidas gigantescas tanto en los ingresos del gobierno como para Pemex.
Quitar la adicción de las finanzas públicas al petróleo está siendo más doloroso y más complicado de lo que se esperaba. El débil crecimiento económico lo está haciendo aún mucho más difícil, y el manejo de las finanzas públicas pueden meter a la economía mexicana en un círculo vicioso y perverso. Esto se deriva de lo siguiente: en la administración Peña Nieto los montos de endeudamiento se pensaron en un contexto donde el crecimiento económico permitiría mantener una relación de deuda a Producto Interno Bruto constante. Sin embargo, se ejerció el endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión, pero el crecimiento de la economía fue menor.
Después de la reforma fiscal que entró en vigor en 2013, el ajuste a las finanzas públicas se ha dado por los mayores ingresos de las gasolinas y por las reducciones al gasto de operación y de inversión, cuando lo que creció fuertemente desde la administración del presidente Calderón fueron las erogaciones en transferencias. Parte de este aumento en las transferencias resulta de las reformas de pensiones (1997 IMSS y 2008 ISSSTE), pero el incremento más fuerte se da por la reproducción del gasto estéril en la creación de programas sin el control estricto de calidad en el diseño y evaluación.
En la coyuntura actual, la economía mexicana requiere de un impulso a la demanda agregada para compensar la debilidad de nuestras exportaciones no petroleras, las cuales no han podido reaccionar con la depreciación del peso frente al dólar. En consecuencia, si el ajuste del gasto público para evitar un aumento de la deuda pública se da en la inversión, poco va a contribuir para impulsar el ya de por sí débil crecimiento económico.
El golpe de timón en las finanzas públicas va por el lado de racionalizar el gasto estéril; no va por el lado de reducir el gasto de operación del gobierno vinculado con los servicios públicos que sí contribuyen a generar PIB, y menos aún reduciendo el ritmo o ejecución de proyectos de inversión que potencian las actividades productivas.
Ahora que el PPEF 2017 ha llegado a la Cámara de Diputados, única instancia que lo aprueba, los diputados federales de todos los partidos nos mostrarán de qué están hechos. Ojalá que en esta ocasión dejen de pensar en sus famosos moches. Han de saber que de no estar a la altura de las circunstancias, serán los corresponsables de una degradación de la calificación crediticia.

Por Jorge A. Chávez Presa
(Economista)
EL UNIVERSAL
Twitter: @jchavezpresa

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