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Las senadoras del PT Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Alejandra del Carmen León Gastélum, propusieron establecer en la Constitución el derecho de las personas a solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento, donde se reconozca su identidad de género.
Precisaron que en ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.
Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona.
Sugirieron que en la Carta Magna se defina a la identidad de género como la convicción personal e interna, con la que cada persona ser percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia.
La diferencia entre los conceptos sexo y género radica en que, el primero, se concibe como un hecho biológico y, el segundo, como una construcción social, subrayan en su propuesta.
También buscan establecer la prohibición, a nivel constitucional, la discriminación motivada por la identidad de género y las orientaciones sexuales.
En el Instituto Nacional Electoral, entre abril de 2015 y abril de 2018, seis mil 220 personas solicitaron cambio de nombre y sexo en sus credenciales para votar: entre ellas, mil 559 de la CDMX. En la capital, tres mil 542 personas han realizado su trámite de reconocimiento de identidad de género entre 2014 y 2018, según datos del Registro Civil local.
A nivel local se ha avanzado sustancialmente en el reconocimiento de las personas trans; sin embargo, aún hace falta reconocer sus derechos de manera explícita en la Constitución y en las leyes secundarias aplicables, para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad.
En este sentido, precisaron que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, indica que 71.9 por ciento de las personas encuestadas consideran que el grupo cuyos derechos se violentan o se respetan poco o nada, son las personas trans.
