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Ante diputados, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, aseguró que se castigará el uso indebido de los programas sociales y advirtió: no vamos a tolerar que se lucre con la pobreza.
Afirmó que las prácticas de simulación, corrupción y uso indebido de los recursos están estrictamente prohibidas, y nos hemos comprometido a que en caso de encontrar este tipo de prácticas procederemos no sólo de manera administrativa, sino penal. Nos guiaremos por el principio instruido por nuestro presidente: Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie.
Subrayó que el Gobierno de México ha dejado atrás las políticas asistencialistas y fragmentadas y ahora trabaja con estrategias integrales con la premisa de la igualdad.
Desde este enfoque, y para alcanzar el bienestar de nuestra población, se atiende primero a los grupos más desfavorecidos, si bien no podemos dejar a nadie afuera, ni a nadie atrás hemos decidido que, por el bien de todos, primero los pobres, enfatizó.
María Luisa Albores insistió en que para lograr el bienestar se necesita de la suma de esfuerzos para que toda la población tenga asegurado el ejercicio de sus derechos.
Al responder a preguntas de diputados, la funcionaria dijo que ningún niña o niño beneficiario del antiguo Programa de Estancias Infantiles quedará sin apoyo, puesto que reciben una beca a través del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras.
No se violan los derechos de las madres y padres trabajadores, sino que les permite seguir pagando una estancia o un cuidador del hogar y tampoco se violan los derechos sociales y culturales, puesto que se garantizan con una mayor cobertura para llegar más niñas y niños gastando menos que en programas anteriores, aseguró.
Precisó que a la par de esa modificación en la operación, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano revisó el padrón de estancias de niñas y niños beneficiarios del programa referido, de lo que se desprendió que 84 mil 849 niñas y niños no pudieron ser localizados, cifra similar a la reportada por el diagnóstico del DIF Nacional en 2018, cuando nosotros no estábamos todavía en el gobierno.
Ello implicó, explicó, un posible quebranto por más de 900 millones de pesos, por lo que se ha interpuesto una denuncia de hechos en contra de los funcionarios que resulten responsables.
Consideró que el Programa Prospera de sexenios pasados, fue durante 20 años una política social insuficiente, pues durante las administraciones de Ernesto Zedillo y de Enrique Peña Nieto, el número de pobres pasó de 48 millones a 54 millones.
Respecto al Programa Sembrando Vida, Albores González aseguró que se trabaja en conjunto con la autoridad ambiental y se tiene establecido qué áreas no son para sembrar. Además de que las reglas de operación del programa establecen que las unidades de producción deben ser ociosas, abandonadas o con uso de potrero o monocultivo, y estén en zonas marginadas, núcleos agrarios, con población indígena y degradación ambiental.
En cuanto a los servidores de la nación, María Luisa Albores explicó que actualmente está en proceso de diseño el reglamento interior de la Secretaría, a partir del cual se formalizará la estructura administrativa de las delegaciones.
Hoy en día, detalló, operan conforme a las funciones señaladas en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos que regulan las funciones de las delegaciones de programas para el desarrollo, publicada el día 18 de julio de 2019, y dependen en funciones de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.
Los servidores de la nación son prestadores de servicios por honorarios, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de sus atribuciones, dependiendo funcionalmente de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, no de la Secretaría de Bienestar, reiteró.
