19 de marzo de 2024

Ronda en el Senado propuesta de reducir financiamiento a los partidos políticos

GMx

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que el sistema electoral mexicano es eficaz, pues permitió el triunfo de un partido de izquierda en el país. “Esto no hubiera ocurrido sin un organismo autónomo y ciudadano que permitiera un proceso limpio y transparente.”

Durante el primer día del foro “Diálogos sobre una posible reforma electoral”, en las instalaciones de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral de Poder Judicial de La Federación, el legislador de Morena aclaró que aunque el gobierno está impulsando una política de austeridad, de ninguna manera pretende dañar la autonomía de ningún organismo.

Se refirió a la necesidad de racionalizar aspectos del presupuesto. Al respecto dijo que la gran mayoría de los recursos públicos destinados a los procesos electorales son utilizados en financiar a los partidos políticos, siendo este un gasto excesivo que carece de una clara rendición de cuentas.

“Se debe reorientar el ejercicio presupuestal de los partidos sin dañar el de las instituciones electorales”, reiteró.

Enfatizó en que la disminución a las prerrogativas sólo debe ser aplicada a los partidos, no así a los órganos y procesos electorales. Además, consideró que los consejeros tienen salarios excesivos, por lo que deben ajustarse a los principios de austeridad del Ejecutivo y el Legislativo.

Aunque señaló que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) no deben desaparecer, indicó que debe regularse su operación y financiación, pues en muchas ocasiones los gobiernos estatales no les destinan recursos o se los condicionan, atentando así contra su autonomía.

“Debemos buscar un mecanismo para que el financiamiento llegue a los OPLE directamente del gobierno Federal”, puntualizó.

Al referirse a la revocación de mandato, Ramírez Aguilar mencionó que su bancada plantea que este instrumento de poder ciudadano tenga un candado para impedir la reelección. “Debe ser una herramienta que sirva a los mexicanos para tomar decisiones en aquello que pueda perjudicar su desenvolvimiento cotidiano”, apuntó.

En su oportunidad, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, se pronunció en favor de una reforma electoral que incluya la reducción al 50 por ciento los ingresos públicos de los partidos políticos, pero con la posibilidad de establecer reglas claras y topes de campañas para que el sector privado participe en el financiamiento de las mismas.

Aseveró que fijar los candados de participación y fiscalización adecuados para los partidos políticos ayudará a reducir el costo de las elecciones que hoy en día dependen únicamente de recursos públicos. Estimo el costo de las mismas en alrededor de 9 mil millones de pesos al año, para el financiamiento local y federal.

Si bien se requieren ajustes al sistema electoral, reconoció, ha sido efectivo en diversos rubros, pues ha permitido la alternancia de las fuerzas políticas en el país. No obstante, a nivel local y en materia presupuestaria, requiere de modificaciones que ayuden a fortalecer sus facultades.

En este sentido expresó su preocupación por las recientes propuestas de reforma electoral presentadas, porque más allá de ayudar a reducir los costos de los comicios pretende debilitar la autonomía en nombre de la austeridad. Recientemente, dijo, han planteado la desaparición de los tribunales electorales locales e, incluso, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El senador del PAN comentó que sí es posible hacer una reducción presupuestaria en estos órganos, pero la idea de modificaciones “son invasivas a la autonomía del INE y de los órganos locales”. Contrario a ello, aseguró, se deben fortalecer los tribunales.

Zepeda Vidales precisó que de acuerdo con un análisis del INE, con el uso de la urna electrónica se podrían generar ahorros de hasta 4 mil millones de pesos entre el conteo rápido, el sistema que provee los resultados preliminares (PREP) y el ahorro por pago de funcionarios. Además, 300 millones de pesos en capacitación.

Con respecto a la revocación de mandato, dijo que no debe ser facultad de las cámaras del Congreso o de una persona, pues generaría politización de la figura. Decidir si se quiere quedar o no debería ser facultad única de quienes los eligieron, señaló.

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