Se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

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Las reformas al artículo 19 constitucional de abril de 2019 y al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales de febrero de 2021 ampliaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Además de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, otros ordenamientos contemplan esta medida cautelar.

Aunque diversos organismos internacionales han señalado la inconvencionalidad del uso de la prisión preventiva oficiosa, en los últimos años se ha legislado para ampliar esta medida cautelar en un mayor número de delitos, señala un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez.

La nota titulada, “Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, elaborada por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, apunta que la reforma al artículo 19 constitucional, publicada en abril de 2019, agregó nueve delitos en los que se aplica la prisión preventiva de oficio: abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga; delitos en materia de hidrocarburos; desaparición forzada; y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército.

El estudio agrega que durante la LXIV Legislatura, senadoras y senadores han presentado iniciativas relacionadas con la figura de prisión preventiva oficiosa, que aún se encuentran pendientes de dictaminación.

De acuerdo con la Nota del Instituto, entre los delitos que se propone ampliar esta medida cautelar, cuyas iniciativas aún están pendientes de dictaminación, se encuentran la extorsión; delitos de alto impacto contemplados por las leyes penales de cada entidad federativa; abigeato (hurto de ganado); tráfico de especies de vida silvestre en peligro de extinción; abandono de hijos sin motivo justificado; y manejo ilícito de información identificada como de seguridad nacional

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