Seguridad y empleo

La entrada de mayo, marcó el regreso de escenas que desde hace ya varios meses no veíamos, pero que hacen evidente que la inseguridad no disminuye, el crimen organizado tan sólo da tregua, se organiza y detona el caos y el terror, sin que las autoridades tengan la capacidad de reaccionar de manera oportuna.
La violencia que vimos a finales de la semana pasada, los autos quemados, los bloqueos y el helicóptero derribado, no son actos vandálicos como lo trata de minimizar el gobernador de la entidad, Aristóteles Sandoval, son acciones concertadas del crimen organizado que opera en la entidad.
Una de las principales razones por las que la inseguridad no decrece es precisamente la actitud de las autoridades de ignorar la verdadera problemática en la que se encuentra el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (Envipe), existe una cifra negra de más de 92% de delitos no denunciados en el país, lo que coincide con un 83% de la población que no confía en la policía.
Estos datos, tan sólo son una muestra de la grave situación que vive el país, por un lado con índices de delincuencia que ni siquiera se conocen en realidad, y por el otro, la falta de credibilidad que tienen las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
Aunado a estos acontecimientos, el director de Finanzas de Pemex señala esta misma semana que en los próximos meses se cancelarán plazas de entre 2 mil y 3 mil trabajadores que están próximos a la jubilación. Esta situación la advertimos desde la discusión de la constitucional en materia energética, que con la entrada de capital privado se verían afectados en su empleo un gran número de trabajadores de la paraestatal.
Esta cancelación de plazas, va a afectar a los 2 mil o 3 mil trabajadores eventuales que hoy en día trabajan para esta empresa y que, lejos de que sea una expectativa de derecho o no, esperan obtener una de estas plazas. También significa perder en los hechos esos 3 mil puesto de trabajo, en un contexto donde también, derivado de una reforma constitucional en materia laboral, existe un deterioro en las fuentes de trabajo, donde los empleos que se generan hoy no bastan para solventar las necesidades de una familia.
El gobierno federal parece que considera que estos dos temas operan de forma aislada; sin ninguna sensibilidad anuncia cancelación de plazas en medio de un estallido de violencia provocada por el crimen organizado. Pareciera que no esta consciente que la delincuencia precisamente se alimenta de la falta de oportunidades, de la falta de empleos de calidad, de la necesidad de miles de jóvenes de contar con opciones para generar ingresos.
La política económica implementada por el gobierno federal desde hace más de dos décadas, ha probado en la actualidad que no sólo genera más pobreza, sino que incentiva la delincuencia.
El mejor combate a la delincuencia y al crimen organizado debe ser el mejorar las condiciones económicas de las familias mexicanas. Esta administración se ha caracterizado por encarcelar y “desmantelar” bandas criminales, se han detenido a un gran número de delincuentes de alto impacto, sin embargo, la violencia y fundamentalmente la inseguridad sigue sin disminuir.
Mientras no elevemos el salario, no sólo el salario mínimo, sino el salario en general, mientras no generemos mejores expectativas para nuestros jóvenes, para que no vean en la delincuencia la solución rápida para una vida fácil, seguiremos viendo escenarios como los de inicios de este mes.

Por Alejandra Barrales Magdaleno
(Senadora de la República por el PRD)
EL UNIVERSAL

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