La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, consideró improcedente la presentación de una controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México.
La senadora informó que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que el Senado de la Republica carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional, como lo solicitaron senadores y senadoras de diversos grupos parlamentarios.
En un documento dirigido a los coordinadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, Cordero señaló que si bien el Senado está legitimado para promover una controversia constitucional en la especie, carece de interés legítimo, puesto que no se actualiza el principio de agravio que exige la procedencia del medio de control.
Detalló que el acuerdo señalado tiene por objeto dar instrucciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en relación con diversas obras y proyectos del Gobierno Federal.
Sánchez Cordero señaló que el acuerdo, por sus características, es un acto materialmente administrativo, que no participa de las particularidades de los actos legislativos, de generalidad, abstracción e impersonalidad.
Se considera así, porque a diferencia de una norma general, el acuerdo no permanecerá después de su aplicación, ya que está dirigido a situaciones concretas y una vez aplicado se extinguirá, comentó.
La presidenta de la Mesa Directiva agregó que conforme a la doctrina del acto tribunal, dicho acuerdo se expidió en ejercicio de la facultad del Presidente de la República, como un instrumento de política pública, a través del cual se dan lineamientos a la Administración Pública Federal.
