¿Subordinados, a la Suprema Corte?

La nueva Suprema Corte cumplirá en unos días 21 años, con lo que ya llegó a la mayoría de edad. No ha sido fácil el camino recorrido, ni liviano el lastre que heredó en 1994. El país tiene una Suprema Corte en la que cada vez se puede confiar más.
Naturalmente cuando resuelve un asunto deja un vencedor y un vencido, por decir: la alaban quienes favorecen el uso lúdico de la marihuana y la denigran quienes se oponen, le aplauden los que están por la despenalización del aborto y la critican quienes aborrecen tal práctica, están felices quienes ven un avance en el matrimonio de personas del mismo sexo y la aborrecen quienes creen que su resolución es revivir Sodoma y Gomorra. Así son las sentencias judiciales y así de dispareja es la vida social. Por ello las próximas decisiones del Senado para cubrir las dos vacantes pendientes son previsión para el futuro, trascendentes como pedir la mano de la novia.
El presidente Peña Nieto ha tenido una mala experiencia al proponer ministros de la Suprema Corte. Cuidó no haber incluido en las últimas ternas al senador Cervantes, lo que hubiera sido un despropósito político y un agravio social, independientemente de las prendas del legislador. De igual manera no incluyó a las magistradas ligadas políticamente a su proyecto. No obstante su jugada de atracción al proponer a algunos personajes aparentemente desligados de su influencia, su estrategia fue fallida, no engañó a nadie.
La inclusión de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, procurador del Estado de México en una de las ternas, es otra muestra del divorcio y la enorme distancia entre lo que la opinión pública ha expresado de muchas maneras y las decisiones presidenciales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos había hecho graves observaciones a la actuación de Gómez Sánchez como procurador del Estado de México en la desgracia de Tlatlaya. Un funcionario, como el que ahora integra una terna, que tolera la tortura en la dependencia que encabeza, no debe ser ministro de la Suprema Corte.
En cuanto a la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle, en 2009 fue acusada por la PGR y revisada su actuación por el Consejo de la Judicatura Federal. Según las crónicas, liberó sin justificación a un sujeto requerido por Estados Unidos por cargos de “lavado” de dinero y lo salvó de la temida extradición. En 2014 determinó la liberación de un asesor del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, acusado por la PGR de delincuencia organizada. El Consejo de la Judicatura Federal la sancionó en dos ocasiones en 2006 y en 2009, con amonestaciones públicas. Con esos antecedentes, ¿qué necesidad?
Los personajes están vinculados con el Estado de México, uno es el procurador general de Justicia, la otra magistrada de Circuito con sede en Toluca. Al final, todos son rehenes de su biografía.
Se olvida lo que es un juez constitucional. Un juez que resuelve sobre cuestiones constitucionales es muy distinto del juez ordinario que se ocupa, en la soledad de su cubículo con el expediente en la mano y las leyes a la vista, de la legalidad. El juez constitucional está ahí no porque sepa hacer muy buenas sentencias o recite el Código de memoria, está ahí porque tiene un estatuto constitucional. Es decir tiene un régimen constitucional que lo protege de los poderes públicos que él mismo controla. Su existencia, sus facultades y su misión están definidas en la Constitución, por lo que para modificar su estatuto sería indispensable modificar la Constitución. Mientras el juez de legalidad es resistente y hasta repelente a la política, al juez constitucional le corresponde controlar jurídicamente a los poderes públicos, y consecuentemente, sus decisiones tienen repercusiones y un carácter político. Se trata de políticos de la justicia.
Las democracias tardan en cuajar, pero cuando lo hacen son formidables. Por ello es un riesgo demasiado grave utilizar el poder político para conformar una Suprema Corte con amigos o subordinados, para construir un tribunal a modo, como si se tratara de una mesa de dominó o un foursome para el golf.
Los ministros van y vienen, pero lo que permanece es la aspiración por la libertad y la democracia. La libertad que la Suprema Corte debe propiciar es la protección a los ciudadanos de los abusos del poder y la democracia es el goce ciudadano de esa protección.

Por Mario Melgar Adalid
(Miembro del SIN)
Twitter: @DrMarioMelgarA

EL UNIVERSAL

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