Tatiana Clouthier

JOSÉ ANTONIO MOLINA FARRO

“La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy uno con la humanidad. Por tanto, nunca mandes preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti”. Hemingway.

Hay nubarrones en el horizonte. Las políticas económicas en marcha no generan certidumbre, confianza, credibilidad. El optimismo se angosta aún más, cuando vemos la brutal caída de la economía en 2020 (-8.5% del PIB) y los nuevos datos que arroja el  Censo del Inegi, sobre el número de fallecidos por la pandemia. 657 mil personas perdieron sus empleos en el sector formal, y un millón y medio en el sector informal; más de un millón de empresas ya no abrirán sus puertas. Sectores de las clases medias en franco proceso de proletarización. Tampoco es cosa menor la sospecha sobre el uso electoral que pudiese darse a la distribución de las vacunas, por los “Siervos de la Nación” y los “voluntarios de programas sociales”.

En este escenario, Tatiana Clouthier Carrillo dio a conocer el Plan de Reactivación Económica del Gobierno federal. Tatiana fue diputada federal por el PAN, partido al que renunció en 2005, después de una militancia de 15 años. Su renuncia fue lapidaria: “tristemente veo que nuestro partido no ha mostrado tener un proyecto claro y definido, ahora que es gobierno a nivel federal…parece que se gobierna más con el PRI que con el PAN. El PAN sacó al priísta que todos llevamos dentro…afloran compra de voluntades y regala o intercambia puestos…” En 2018 coordinó la campaña de AMLO, con una actividad notable en twitter y conectando con la generación millenial, a quien explicó las propuestas de Andrés Manuel con un lenguaje sencillo y desenfadado. Recibió propuestas que no aceptó, para formar parte del gabinete y optó por ser diputada plurinominal, donde se opuso a la militarización de la Guardia Nacional.  En síntesis, una mujer valiente y de firmes convicciones, capaz de mostrar sus desacuerdos y firmeza para no hacer el triste papel de florero.

Hace unos días La Secretaria de Economía anunció un Plan de Reactivación Económica sustentado en cuatro ejes: 1) Mercado interno, empleo y empresa: a) Valor agregado, b) Industria 4.0, c) Apoyo a Mipymes, d) 60 mil créditos a la palabra, de $25 mil cada uno, distribuidos en tres bloques, mujeres empresarias, empresarios pendientes de recibir apoyos y comercios cumplidos, 2) Fomento y facilitación de la inversión: a) agilizar trámites b) atraer inversión extranjera, c) inversión en infraestructura, 3) Comercio internacional: incrementar exportaciones a mercados nuevos y existentes, 4) Regionalización de los sectores: a)apoyo a las siete regiones del país, b) estímulos fiscales a la Frontera Sur y c) comercialización de productos del Sur-Sureste en el Norte y Centro del país. Menuda tarea, aún más cuando le falta convencer al Secretario de Hacienda y cabildear en el Congreso. Y lo más importante, generar certidumbre y confianza en los inversionistas potenciales, los enemigos históricos de AMLO.

Por su parte, si consideramos que en el país existen aproximadamente 4 millones 100 mil Mipymes, (que llevan 17 meses en caída libre), de las cuáles en 2019 solo recibieron créditos de la banca comercial el 23%, y aún así generaban, hasta julio de ese mismo año, el 72% del empleo y el 42% del PIB, los créditos anunciados son una aspirina para niños, no pintan en ese universo. Todo se complica, en tanto no se coordinó la “nueva política industrial y tecnológica” con el sector privado, el principal generador de empleos en el país. A ello se agregan iniciativas presidenciales que atentan contra las energías limpias, ahuyentan al capital extranjero y siembran  incertidumbre y desconfianza en los inversionistas nacionales, por cambiar las reglas del juego en cuantiosas inversiones que ya están en el país, así como por violar cláusulas del Protocolo Modificatorio del T-MEC. Por suerte, la SCJ de la Nación, en resolución emitida hace dos días, anula lo esencial de la política pretendida por la Sener. Lo relevante de la resolución es que la Segunda Sala  le está diciendo al ejecutivo que una reforma energética no se consigue emitiendo acuerdos o reformas de ley  sino cambiar la Constitución.

El Plan de Tatiana, plausible en teoría, adolece, además, de metas objetivamente medibles y cuantificables, y nada se habla del origen y monto total de los recursos para financiar tan ambicioso programa, salvo los $1500 millones de crédito a la palabra. Deseo equivocarme, pero “de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”.

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