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Para evitar confusiones sobre los índices de criminalidad registrados en la Ciudad de México, en el periodo de 2013 a 2017, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Secretariado Ejecutivo Nacional, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y a la Agencia Digital de Innovación Política del Gobierno de la Ciudad de México, para que reclasifique las carpetas de investigación.
De igual manera, la Comisión Permanente solicita a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que con base en su Ley Orgánica, investigue y en su caso ejerza la acción penal contra los funcionarios públicos involucrados en la manipulación de esas carpetas de investigación.
A iniciativa del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena, se indica que a pesar de la creciente percepción de inseguridad, el gobierno de Miguel Ángel Mancera afirmaba haber reducido delitos como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, esto era una falacia, debido a que las cifras fueron manipuladas por el anterior gobierno de la Ciudad, sentencia el diputado.
Acusa que el gobierno del entonces Jefe de Gobierno, modificó la clasificación de las carpetas de investigación e incluso negó la presencia de crimen organizado en la Ciudad, situación que posteriormente quedó al descubierto.
Informó que el gobierno de Claudia Sheinbaum mediante la Procuraduría General de Justicia, revisó todas las carpetas de investigación de 2018, descubriendo que hubo un incremento de 73.9 por ciento en los delitos de alto impacto, cifra concluyente por la reclasificación de 24 mil 26 carpetas que estaban clasificadas como ilícitos de bajo impacto o como denuncias de hechos.
Se citan algunos ejemplos: el robo a negocio, con violencia, aumentó 51.9 por ciento; el robo a transeúnte con violencia en vía pública aumentó 176.4 por ciento; el delito de violación se incrementó en 104.8 por ciento. El secuestro aumentó hasta 700 por ciento y el robo de vehículo, sin violencia, también aumentó 28.9 por ciento.
Destaca en el exhorto que contar con la información verídica sobre la incidencia delictiva es un derecho de los ciudadanos, pues así puede evaluar los resultados de un gobierno deficiente. Se subraya que sólo de esta manera es posible la rendición de cuentas efectiva.
El acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
