¿Votar o no votar?

La anulación del voto puede ser una buena medida para enviar un mensaje contundente de disgusto ciudadano sobre el comportamiento de los políticos y los desperfectos del sistema. Sin embargo, tendría que cumplirse una condición que se antoja fuera de posibilidad: que esta anulación fuera masiva; que, al estilo de los grandes movimientos que han removido regímenes, constituya una tendencia muy extendida.
Sabemos que estas condiciones no existen. Por el contrario, las encuestas muestran una intención de voto más o menos normal para elecciones intermedias, con una ligera baja que probablemente sea atribuible al descontento. Si la convocatoria de los anulistas no es superior a la de los medios masivos, los partidos políticos y el gobierno, que quieren los votos que les convienen, la gente votará en cantidades suficientes para validar la elección y legitimar sus resultados.
La encuesta más reciente publicada por EL UNIVERSAL, levantada en febrero por Buendía y Laredo, revela una intención de voto del 62% de encuestados (38% no respondieron). En dicha encuesta se releva la opinión ciudadana sobre los partidos. La mayoría de los encuestados no tiene ni buena ni mala opinión, aunque el mayor rechazo se lo llevan PRI y PRD. Pero en todos los casos, la suma de buena opinión e indiferencia es mayor que la opinión adversa. Con esto no podemos concluir que haya una predisposición importante del electorado por abstenerse, menos por anular su voto, lo que no elimina la presencia de una molestia con los partidos por su mal desempeño y alejamiento de la ciudadanía.
La percepción y la realidad pueden estar divorciadas. Este es un punto a profundizar. Convocar a la anulación del voto puede tener un valor reivindicativo de virtudes cívicas que brillan por su ausencia, tanto en la sociedad política como en la sociedad civil. Pero ¿quién dijo que la sociedad civil es el reino del bien y la política el del mal? Esta presuposición es ingenua, desinformada y acrítica. A propósito de los debates sobre la corrupción hemos visto emerger situaciones en que la “sociedad” está imbricada seriamente en ella. Desde los informales que ponen diablitos para extraer energía eléctrica, hasta compañías más que dispuestas a obtener concesiones y contratos a cambio del consabido moche y otras prebendas, el tejido de la sociedad “civil” está teñido de corrupción, complicidad y subordinación. No todo el universo es así, como tampoco lo es en la política. El problema es de reglas e instituciones. Las actuales, vigentes e imperantes, imponen estrategias dominantes de sobrevivencia política o económica que implican corrupción activa o pasiva. Este factor no puede ser ignorado a la hora de orientar el voto o hacer llamados a un heroísmo insustancial.
Desde la óptica de cómo se comportarán los electores el 7 de junio importan más dos factores: cuántos concurren a las urnas y si la mayoría favorece al partido de gobierno o a la oposición. La fragmentación de la izquierda proyecta, una vez más, la sombra del bipartidismo si la concurrencia es escasa. Si es copiosa, empero, puede apuntalarse otra tendencia registrada por la encuesta mencionada. El 60% de interrogados opina que el Presidente no debe tener mayoría en la Cámara de Diputados, el 31 opina que sí y el 9 no sabe o no contesta. Esta respuesta, de mantenerse unos meses y si la votación moviliza a la ciudadanía más allá del voto duro de los partidos, puede dar por resultado una Cámara con coaliciones mayoritarias selectivas frente a los actos del Ejecutivo. Los ciudadanos parecen inclinarse por esta preferencia, y esto es lo que habría que empujar al alza.

Por Francisco Valdés Ugalde
(Director de Flacso en México)

Twitter: @pacovaldesu

EL UNIVERSAL

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *