Aplicando la ley: La Feria

SR. LÓPEZ

Ya cuarentón este menda, hablando a solas con tía Josefina, se atrevió a decirle que ella y tío José su marido y copartícipe en la gestación de Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, eran ingenuos en grado culposo, pues le creían todo a su temible vástago; respondió soltando un suspiro: -Desde chiquito nos estaba volviendo locos con tantas mentiras, decidimos mejor creerle –viéndolo así.

Entre los varios números circenses con que el gobierno federal obsequia al respetable, está lo de la consulta del 1 de agosto próximo, para juzgar expresidentes.

Bueno… pero no es para juzgar expresidentes. La pregunta que se hará a los que participen será: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Dice “actores políticos”, ni menciona a los expresidentes que siguen sujetos a la legislación vigente de cuando ejercieron el cargo: no hay leyes retroactivas en perjuicio de nadie, solo en su beneficio.

Y ya en estas, ni el actual Presidente puede ser juzgado como tanto han pregonado los entusiastas de la 4T, quienes exultantes predican que ya se modificó la Constitución para poder enjuiciar a los presidentes por cualquier delito. Disculpen las molestias, pero no es cierto (tampoco es cierto):

Sí se modificó el 19 de febrero de este año, el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución, que ahora dice: “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”. O sea que sí…

Pues no, o sea que no, porque el mismo día 19 de febrero pasado, se modificó con discreción y sin música de viento, el artículo 111 de la Constitución, que ahora dice: “Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

De modo que hay que remitirse hasta el 110 que NO se ha modificado desde el 29 de enero de 2016, para enterarse que puede ser sujeto de juicio político, solo por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero que en ese caso la resolución será únicamente declarativa… esto es: ¡tengan su juicio! La modificación que tanto presumen quedó sujeta a un artículo que no modificaron… ¡ah, cuánto ingenio!

Y mueve a compasión el candor de algunos integrantes de las huestes presidenciales, como la ingenuidad de Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, secretaria de Organización de Morena, encargada de promover esta consulta contra expresidentes que no es tal, quien después de afirmar ayer que el INE está ‘boicoteando’ la consulta, declaró con tierna inocencia que entiende que la ley no debe consultarse:

“Sí eso es lo que la lógica indica, si se comete un crimen la justicia debe actuar; sin embargo, llevamos décadas en el país donde la justicia se aplica sólo a unos cuantos y en el caso de los expresidentes que abusaron de las instituciones la justicia se aplica en los bueyes de mi compadre, no en sí mismos (…) en el sistema de justicia siempre ha habido un dejo de parcialidad donde no le tenemos confianza a las instituciones judiciales, si en realidad hubiera justicia tendríamos resultados en temas como la guardería ABC, Acteal, Atenco, Fobaproa y no se ha hecho”.

A reserva de identificar a los bueyes propiedad del compadre de la dama, alguien debería explicarle a doña Zagal que si por décadas según ella no se aplica la ley, desde hace dos años y medio le corresponde la obligación de hacer cumplir la ley a su valedor, Andrés Manuel López Obrador… eso interpretando de manera benigna la declaración de la señora, pero a lo mejor nos está diciendo precisamente que no tienen confianza en el actual Presidente y necesitan la consulta para saber si los integrantes del peladaje estamos o no de acuerdo en que se aplique la ley y con ese respaldo, proceder. ¡Chin!, puede ser.

También supone uno que dos años y medio alcanzan para desempolvar expedientes y revisar si no se ha aplicado la ley en lo de la guardería ABC, Acteal, Atenco y Fobaproa, a menos que en todos esos asuntos sea omiso el actual gobierno federal (que nomás le entren al Fobaproa, quiero ver, dijo el ciego).

Y ya en esas, lo que va del sexenio alcanza para que también se hubiera aplicado la ley en el caso de Emilio Lozoya que con discreción leguleya, sigue haciéndose viejo sin noticias (caso abierto en tiempos de Peña Nieto, por cierto); para investigar en serio el origen del dinero de los sobres recibidos por don Pío, el hermano del Presidente; la triangulación de dinero de Conade a cargo de la atleta del erario, Ana Guevara; las 23 casas de Manuel Bartlett; las siete investigaciones abiertas a Carlos Lomelí Bolaños, que era delegado de la 4T en Jalisco; la compra por 93 millones de dólares de parte del IMSS, a una empresa sancionada en sexenios anteriores y otras a un hijo de Bartlett; la denuncia penal de Morena ante la Fiscalía General de don Gertz, contra su secretaria general, Yeidckol Polevnsky, por presunto lavado de dinero y daño patrimonial al partido por 809 millones de pesos durante su gestión como presidenta interina de Morena, mediante transferencias realizadas por Joel Frías Zea, entonces secretario de Finanzas del CEN de Morena y hoy flamante coordinador del Área de Transparencia de Presidencia de la República… agüita pa’l calor.

No se trata de abrumar a nadie, con estos ejemplos basta para saber sin necesidad de consulta, si la 4T se está abanicando o aplicando la ley.

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