Cántaros rotos: La Feria

SR. LÓPEZ

Contaba la abuela Elena, la paterna, de allá de Autlán de la Grana, Jalisco, que su hermana mayor, casi recién casada, se quejaba mucho de su marido con sus papás, olvidando los modos de los López de aquél entonces (ya no, todo pasa). Un buen día la chamaca fue a ver a sus papás y les dijo que el marido tenía dos días de no llegar a la casa. La mamá se mortificó; el papá no dijo una palabra. Ya que se fue la preocupada hija, la mamá le preguntó a su marido: -¿Qué se ponga de negro? –y el bisabuelo, contestó muy sosiego: -Un ratito –¡vaya!

10 diciembre 2018: AMLO afirma que son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y de manera particular, en el Poder Judicial, que llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales. Declaró que los jueces en México “son de los mejor pagados en el mundo” (sic, así habla).

10 de diciembre de 2018: AMLO: “Respetaré equivocadas decisiones del Poder Judicial”.

10 de diciembre de 2018: Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, se manifestaron en todo el país, exigiendo la independencia judicial, tras las últimas declaraciones del nuevo Gobierno Federal (apenas 10 días de gobierno y ya en esas).

12 de diciembre de 2018: AMLO afirmó que solo el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene un salario superior al de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

12 de marzo de 2019: AMLO anunció que expondrá públicamente casos de ‘jueces a modo’.

12 de agosto de 2019: AMLO: “Hay inconformidad de algunos mexicanos con Poder Judicial”.

15 de febrero de 2020: AMLO afirma que terminará corrupción en tribunales.

17 de febrero de 2020: AMLO critica a jueces que usan el ‘debido pretexto’ para liberar delincuentes.

18 de febrero de 2020: AMLO acusa al Poder Judicial: “(…) es un problema generalizado de jueces y magistrados, es la pudrición que dejó el modelo neoliberal”.

16 de junio de 2020: en Colima, a las once horas, al interior de su domicilio, fue asesinado un Juez federal, junto con su esposa.

17 de junio de 2020: AMLO: “(…) mi más profundo pésame por el asesinato del (…) juez del Poder Judicial federal y el asesinato de su esposa, desde luego, es un crimen atroz, condenable (…) no vamos a ceder a la intimidación”.

Hasta donde pudo averiguar el del teclado, en los últimos 30 años ha habido en México, ocho asesinatos de jueces; el anterior al de esta semana, fue en 2016, cuando asesinaron en una carretera a otro, en Metepec, Morelos.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, en diciembre de 2019, informó que 91 juzgadores del Poder Judicial de la Federación, cuentan con vehículos blindados y 89 tienen además escoltas (solo para tener una idea de lo que eso significa, en el país hay más de 1,400 magistrados y jueces, tienen protección 91 y escoltas, 89… ¡vaya!).

El 5 de enero de este año, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que “garantiza la seguridad de sus juzgadores federales”. El CJF informó ayer que el juez asesinado antier, había renunciado a la protección personal desde hace ‘más’ de un año. Sus familiares sostienen que le retiraron la custodia por recortes presupuestales y ‘porque no era un gasto necesario’. Uno no tiene modo de saber qué pasó; lo único que sí sabe es lo que ahora pasó: asesinaron a un Juez federal y a su esposa, en su casa, delante de sus hijas, sin haber tenido que enfrentar antes a sus custodios, no los tenía.

El Juez sacrificado tuvo a su cargo un proceso contra Rubén Oseguera González, ‘El Menchito’, hijo del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’. Ya fue extraditado a los EUA ‘El Menchito’. Si el Juez pidió que le quitaran la custodia de sus escoltas, era un temerario, un audaz, pero el Consejo de la Judicatura debió mantenerla, aun contra la voluntad del Juez. Los hechos excusan de tener que probar esto.

El 31 de mayo del año pasado, una Juez en Sinaloa, denunció que le habían retirado su escolta, contra su voluntad, a pesar de haberle sido asignado el custodio a petición hecha por la Fiscalía del Estado a  la Dirección de Protección a Víctimas. Se dan casos.

Es de desear que todo asesinato se aclare y que los culpables enfrenten las consecuencias de sus actos, pero sabemos bien que es imposible aclarar los centenares de miles de asesinatos sucedidos en México en los últimos tiempos. Sin embargo el asesinato de un Juez, de cualquier Juez, que por eso no transcribe el nombre de la víctima su texto servidor, no puede quedar impune.

Nuestros policías, militares, el personal de las Fiscalías del país y del Poder Judicial, están en riesgo, en riesgo permanente. Los criminales se manejan bajo la ley de ‘plata o plomo’… y es muy difícil esperar que escojan plomo, si no tienen certeza de que el Estado los va a proteger a ellos y a sus familias. El personal de seguridad, procuración e impartición de justicia, debe saberse inalcanzable por la larga mano del crimen organizado y eso es posible solo si los delincuentes saben que NUNCA queda impune atentar contra la vida de alguno de esos servidores públicos o sus familiares. Y nunca es nunca. Jamás.

En los países gobernados con sensatez y prudencia (hay, claro, créame), los criminales tienen muy claro que los servidores públicos son intocables. La ley se aplica con severa justicia en todos los casos, pero en esos es simplemente implacable. Así debe ser.

Lo primero exigible es que el Presidente de la república no sea el principal detractor del Poder Judicial. Su interés político personal no justifica que polarice a la sociedad contra el aparato judicial. Los remedios se aplican con prudencia y discreción, nunca en la palestra, públicamente, linchándolos. Si pronto no recuperamos eso en México, lloraremos tardíamente por el agua derramada y los cántaros rotos.

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